*El acoso se incrementó desde que denunciaron simulación de consulta, indican.
Ciudad de México, 29 de octubre de 2015. Por medio de difamaciones, sabotaje a eventos y fabricación de delitos contra opositores a la hidroeléctrica Puebla 1, la empresa DELESEC y autoridades de los tres niveles están generando un clima de tensión e incertidumbre «con el claro objetivo de aislar políticamente a los defensores de derechos humanos y del territorio para ser blanco fácil de cualquier atentado contra nuestra vida», denunció Organización Tutunacu-Nahua en Defensa del Territorio de los Pueblos.
Las comunidades tutunaku y nahuas ubicadas en la cuenca del río Ajajalpan, en la Sierra Norte de Puebla, se oponen a la construcción de los hidroeléctrica Puebla 1, que desarrolla la empresa DESELEC-COMEXHIDRO. Los comuneros han denunciado que el derecho a la consulta fue una simulación «coordinada por la Secretaría de Energía, y con participación de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua». En junio más de mil personas de las comunidades de San Felipe, Altica, La Guadalupana, Pachoc, San Miguel, San Martín, Kalapana, África, Xochimilco y Xochicugtla rechazaron la hidroeléctrica y solicitaron al alcalde que impida su construcción. Desde entonces, señalaron, los actos en su contra aumentaron.
«La empresa ha aumentado la confrontación contra quienes nos oponemos a la imposición de su proyecto. Para ello han organizado un grupo de personas en diferentes localidades, que las comunidades identifican están siendo dirigidas por empleados de la empresa. La forma de actuar de estas personas es calumniando, señalando y saboteando las actividades que realizamos», detallaron.
La organización indígena informó en un comunicado que «personas cooptadas» por la empresa han fabricado al manos 14 denuncias en su contra, manipuladas por Filiberto Hernández, «quien se autodenomina integrante de la Organización de Campesinos Unidos de Tepatlan y Tlapacoya, ex secretario municipal de Juan Galindo, a quien las comunidades identifican como abogado y representante de dicha empresa». También destacaron que Filiberto Hernández engañó a habitantes de varias comunidades y municipios solicitando sus documentos que acreditan la posesión y propiedad de sus terrenos para gestionar supuestas escrituras «que hasta la fecha no han sido entregadas».
Los comuneros denunciaron también que la Secretaría de Energía ha violado sus derechos «al utilizar únicamente la Ley neoliberal de la Industria Eléctrica como un mero procedimiento técnico-administrativo, negando el marco jurídico-político del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y nuestra propia Constitución Política Mexicana, violentando con ello nuestro derecho a la libre autodeterminación como pueblos indígenas».
«Hacemos responsable de nuestra integridad física y psicológica a los gobiernos federal encabezado por Enrique Peña Nieto, estatal dirigido por Rafael Moreno Valle, municipales Ramón Dávila Santos, Armando Hernández Herrero, Miguel Sebastián Santos, de San Felipe Tepatlan, Tlapacoya y Ahuacatlan, respectivamente, así como a la empresa», afirmaron en el comunicado.
Los nahuas-tutunakus indicaron que los únicos beneficiarios de la hidroeléctrica serían los dueños de las empresas COMEXHIDRO, Nuevo Walmart de México, Vips, Suburbia, Waldos, Colchas de México y constructoras, no así las comunidades.