*Existen al menos 11 órdenes de aprehensión contra ancianos zoques por reivindicar derechos agrarios, informa el Frayba.
Ciudad de México, 29 de octubre de 2015. El Comité Ejidal de Ejidatarios Básicos, Posesionarios y Avecindados del Ejido Chicoasén informó de la existencia de al menos 11 órdenes de aprehensión, bajo la averiguación previa número 217/2015, en contra de los abogados y ejidatarios que han interpuesto un amparo colectivo y 52 individuales para la suspensión de la obra de la presa Chicoasén II, en Chiapas.
De acuerdo con la información difundida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con sede en Chiapas, las órdenes de aprehensión fueron promovidas por la Comisión Federal de Electricidada (CFE) y se emitieron a pesar de existir minutas de acuerdo firmadas los días 21, 22 y 29 de julio del 2015, donde el gobierno del estado de Chiapas de Manuel Velasco Coello se comprometió a no levantar averiguaciones previas en contra de quienes defienden sus derechos agrarios.
«El Comité Ejidal de Chicoasén ha informado públicamente las violaciones a sus derechos agrarios en los que han incurrido la Comisión Federal de Electricidad y la Procuraduría Agraria al permitir el avance de la hidroeléctrica. Específicamente denuncian que el proyecto se aprobó mediante un proceso con irregularidades, en una simulada acta de asamblea, el día 17 de noviembre de 2013, donde se incluyeron firmantes que carecen de sustento legal. Como indígenas zoques los ejidatarios afectados por la presa Chicoasén han realizado diversas acciones pacíficas y legítimas para evitar que continúe el avance en la construcción del proyecto hidrológico que afectaría su territorio. El 9 de octubre de 2015 ganaron un amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, que les otorgó la suspensión de plano provisional de la obra ejecutada por el Consorcio integrado por las empresas Omega Construcciones, Desarrollos y Construcciones Urbanas, CAABSA Infraestructura y Sinohydro Costa Rica», pero los trabajos no se han detenido, detalló el Frayba.
Tanto el Centro de Derechos Humanos como los ejidatarios consideraron que la criminalización a su defensa de la tierra es la respuesta al amparo ganado; actualmente, su abogado Arturo Ortega Luna se encuentra en el Centro Estatal de Readaptación Social para Sentenciados (CERSS) Número14, El Amate, acusado de motín. Por ello, señalaron, se instaló un ambiente de miedo en el ejido.
El Frayba apuntó que que los proyectos hidroeléctricos afectan sobre todo a las comunidades indígenas y campesinas, y destacó que cuando estos pueblos se organizan son frecuentemente criminalizados. Los defensores de derechos humanos exigieron la liberación inmediata del abogado Arturo Ortega Luna; cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de los ejidatarios afectados por la presa Chicoasén II, personas en su mayoría de la tercera edad quienes están enfrentado hostigamientos en la defensa de sus derechos agrarios; y el cese a la criminalización de la lucha por la tierra.