*Más de 50 civiles fallecieron en los episodios a manos de la Policía Federal.
Policía estatal en Tahuato – Getty Images
Ciudad de México, 28 de octubre de 2015. Existe evidencia de que en los episodios de Apatzingán y Tanhuato, en los que más de 50 civiles fallecieron en supuestos enfrentamientos con fuerzas policiales en el estado de Michoacán, elementos de la Policía Federal habrían cometido ejecuciones arbitrarias, reveló hoy la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Daniel Wilkinson, Director Gerente de la división de las Américas de HRW, señaló que aunque el gobierno insiste en que la policía actuó correctamente en ambos casos, «los hechos relatados por los testigos claramente sugieren que hubo ejecuciones extrajudiciales».
En los dos episodios ocurridos en el año 2015, al menos ocho civiles murieron en Apatzingán el 6 de enero, luego de que miembros de la Policía Federal atacaran un plantón de grupos de autodefensa ciudadana, y 42 civiles y un policía fallecieron en Tanhuato el 22 de mayo, cuando policías federales efectuaron una redada en un rancho supuestamente ocupado por una banda criminal. «En ambos casos, varios testigos indicaron haber visto a policías ultimar con disparos a civiles que no estaban armados, cuando ya habían concluido los primeros enfrentamientos», sostuvo la organización en un comunicado emitido hoy. Más de nueve meses después de las muertes en Apatzingán, y a cinco meses de las ocurridas en Tanhuato, ningún policía ha sido consignado por actuación indebida en relación con ninguno de los incidentes y el gobierno ha negado las acusaciones de uso excesivo de la fuerza.
“Sobre la base de la evidencia disponible, pareciera que estamos ante otras dos graves atrocidades cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas”, insistió Wilkinson.
Apatzingán
Un hombre de 19 años que resultó herido en el incidente de Apatzingán declaró a Human Rights Watch que policías federales abrieron fuego contra civiles que no estaban armados, dispararon a dos de ellos en la cabeza mientras se encontraban en el suelo intentando resguardarse y luego colocaron armas junto a sus cuerpos. Human Rights Watch obtuvo una declaración escrita de otro testigo y una entrevista grabada que un tercer testigo ofreció a un periodista que confirman esta versión. En una entrevista grabada, un médico que atendió a personas heridas durante el incidente declaró a los medios de comunicación que algunos policías no permitieron que los heridos recibieran atención médica, y por ello había muerto al menos una persona más.
El testigo Alejandro contó a Human Rights Watch que, una vez que habían cesado los disparos, vio a policías que arrastraron a Miguel Ángel Madrigal Marmolejo de debajo de una camioneta y le dispararon en la cabeza. Otro hombre, cuyo nombre Alejandro desconocía, se encontraba herido en el suelo, cuando un policía le ordenó que se arrodillara. Luego otro policía le disparó en la cabeza y colocó el cuerpo sin vida en el asiento del conductor de una de las camionetas, contó Alejandro. El señor Gonzalo dijo a agentes de la PGR que vio cuando policías disparaban a dos civiles en la cabeza. En una entrevista grabada, el tercer testigo indicó que algunas personas eran arrastradas de debajo de una camioneta y ultimadas con disparos por policías.
Alejandro señaló que un policía lo sacó de debajo de la camioneta, le pisó la herida que tenía en el hombro y le apuntó con el arma en la cabeza. Alejandro se salvó, según dijo, porque otro policía federal le indicó al agente que le apuntaba que no disparara, ya que varias personas habían comenzado a filmar lo que sucedía desde viviendas vecinas. Mientras Alejandro permanecía en el suelo perdiendo sangre, vio a policías colocar armas sobre sus compañeros muertos y heridos, o cerca de ellos.
Gonzalo manifestó en su declaración que recibió un impacto de bala en la cabeza y que varios policías colocaron un arma de fuego y un cargador junto a él mientras yacía en el suelo, perdiendo sangre.
En los días posteriores a los incidentes en Apatzingán, en los inicios de la investigación oficial, Alfredo Castillo, el comisionado para la seguridad de Michoacán designado por la Presidencia, señaló que la mayoría de los ocho civiles que perdieron la vida habían muerto por el “fuego cruzado” provocado por las armas de los mismos civiles. También mostró un video que, según afirmó, demostraba que los policías habían sido atacados por civiles.
La Secretaría de Gobernación difundió el video a los medios de comunicación mexicanos, pero de acuerdo con la organización, en el video no se ve que civiles ataquen a policías, y los civiles que aparecen en él no portan armas de fuego.
Tanhuato
Un investigador de derechos humanos que ha pedido que su identidad se mantenga bajo reserva y que entrevistó exhaustivamente a tres testigos afirmó a HRW que las tres personas informaron que, después de la balacera inicial, varios policías habían ultimado con disparos a personas que estaban escapando del lugar o estaban bajo custodia policial.
El periodista Carlos Loret de Mola indicó a la organización que las pruebas recogidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán corroboran esa versión y afirmó que él revisó un documento oficial no difundido públicamente en el cual se detallaban las conclusiones de la Procuraduría.
A pocas horas de las muertes en Tanhuato, Monte Alejandro Rubido, entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, declaró a los medios de comunicación que miembros de la Policía Federal habían mantenido un enfrentamiento armado durante tres horas con una banda criminal. Rubido descartó la posibilidad de que los policías hubieran cometido ejecuciones extrajudiciales, y aseveró que el saldo desigual de civiles y policías muertos se debía a la “capacitación superior” de las fuerzas de seguridad.
En varios informes publicados a lo largo de la última década, Human Rights Watch ha documentado cientos de casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, en 12 de los 31 estados de México. Además, el 2 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió las conclusiones preliminares de su visita in loco a México, en las cuales sostuvo que el país está atravesando una “grave crisis de derechos humanos”, y alertó sobre las ejecuciones extrajudiciales y el “carácter endémico de la impunidad para estos crimenes”. La reacción inmediata del gobierno mexicano fue minimizar las conclusiones del informe, aseverando que tiene “excesos” y que se había formulado a partir de una cantidad reducida de casos que “no reflejan la situación del país”.
“Ante evidencias de que se cometieron atrocidades, la respuesta del gobierno ha consistido en negar o restarle importancia a la magnitud al problema”, observó Wilkinson. “Es la misma actitud que vimos el año pasado ante Ayotzinapa y Tlatlaya”, indicó en referencia a dos conocidos casos recientes en México, “y sugiere que el gobierno todavía no está dispuesto a abordar seriamente la crisis de derechos humanos en el país”.
El defensor aseveró que «es posible que la única esperanza de que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente sobre lo ocurrido en Apatzingán y Tanhuato sea conformando una comisión independiente, similar al grupo de expertos que evalúa el caso Ayotzinapa”.
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