*El Estado niega que se trate de una situación estructural; las cifras lo desmienten.
Ciudad de México, 21 de octubre de 2015. Organizaciones mexicanas e internacionales exhibieron en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el patrón de las ejecuciones extrajudiciales que tienen lugar en México, en el que las fuerzas de seguridad ejecutan a civiles sin justificación para posteriormente presentarlas como delincuentes que murieron en un enfrentamiento, sin que haya investigaciones adecuadas de estos hechos.
Ante la negativa de los representantes del Estado a reconocer la realidad y su intentona de presentar los casos emblemáticos recientes (Tlatlaya, Ostula, Calera, Tanhuato y Apatzingán) como meros casos aislados que se investigan adecuadamente, las organizaciones enfatizaron que se trata de una situación estructural. Describieron que los factores estructurales que fomentan esta práctica son: la impunidad de las ejecuciones desde décadas pasadas hasta la actualidad, el encubrimiento, la falta de prácticas adecuadas de investigación y la militarización de la seguridad pública.
Las organizaciones peticionarias de la audiencia recordaron que en 2014, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Christof Heyns, publicó en su informe sobre México que existe “una impunidad sistemática y endémica” que alienta las violaciones al derecho a la vida en sus modalidades de “muerte de personas detenidas; muertes a manos de miembros del ejército, la marina y la policía; uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas del orden; muertes durante manifestaciones de protesta”, entre otras. Sin embargo, remarcaron, el Estado no ha cumplido diversas recomendaciones clave formuladas por el Relator.
Las y los peticionarios detallaron también los índices de letalidad, teniendo como referencia la muerte de más de 10 o 15 civiles por cada agente de seguridad fallecido en enfrentamientos, lo cual sugiere que la fuerza letal se está usando más allá de lo necesario”. Expusieron que de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina (Semar), más de 4 mil civiles fallecieron a manos de las fuerzas armadas entre el 1º de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014 en supuestos enfrentamientos. Entre 2007 y 2014, murieron 3.967 civiles y 209 militares, es decir, una proporción de 19 civiles fallecidos por cada militar muerto. Tratándose de la Marina, el mismo índice de letalidad de 2012-2014 alcanza los 21 civiles difuntos por cada miembro de la marina fallecido, mientras se conoce que la Policía Federal ha matado a más personas de las que haya detenido en “enfrentamientos” en el presente sexenio. Estas cifras fueron de especial atención para los Comisionados de la CIDH, quienes llamaron la atención de los representantes del Estado sobre estos índices.
Mientras los representantes estatales declararon que todos los posibles casos de ejecución arbitraria se investigan, las organizaciones ejemplificaron que sólo se tiene conocimiento de una sentencia condenatoria por una ejecución extrajudicial en Nuevo León, estado en el que ocurrieron 394 “enfrentamientos” de militares y civiles entre 2007 y 2014.
Las organizaciones enfatizaron la necesidad de investigar la cadena de mando en casos de ejecuciones extrajudiciales, luego de que el caso Tlatlaya revelara que los hechos se dieron en un contexto donde el Batallón tenía la instrucción de “operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”; los representantes del Estado intentaron defender el documento militar diciendo que se debe leer integralmente considerando las salvaguardas de derechos humanos, pero las organizaciones evidenciaron sus contradicciones y pidieron una investigación para esclarecerlo.
Ante esta grave situación, la insistencia del gobierno federal en que en México se respeta el Estado de Derecho y la insinuación de que las organizaciones exageran la situación ante la CIDH, las organizaciones de la sociedad civil plantearon acciones prioritarias para erradicar la práctica de las ejecuciones extrajudiciales en México, incluyendo: la implementación estatal de un plan programático para poner fin al actual modelo militarizado de seguridad pública; incorporar la investigación de la cadena de mando y la posible alteración de las escenas del crimen en todos los casos de graves violaciones a derechos humanos; garantizar que después de toda privación de la vida por integrantes de las fuerzas de seguridad, se realice una averiguación independiente, tomando en cuenta las directrices internacionales contenidas en el Protocolo de Minnesota; cumplir las recomendaciones de los órganos internacionales de derechos humanos que hayan visitado el país y además garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas de ejecuciones cometidas en tanto en décadas pasadas como en años recientes; respetar la independencia de jueces y fiscales.
Las organizaciones cerraron recordando que el modelo militarizado de combate frontal perpetúa un ciclo de violencia que lejos de abonar a la construcción de un entorno de seguridad para la población, la sitúa en un contexto permanente de fuego cruzado y violaciones a derechos humanos. Enfatizaron que únicamente mediante un cambio de modelo, pasando entre otros por la verdadera reforma policiaca y políticas públicas integrales en materia de seguridad, será posible superar la violencia e impunidad en el país.