* Mantienen litigio contra un empresario invasor de tierras.
Ciudad de México, 09 de octubre de 2015. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) lanzó una Acción Urgente para exigir a autoridades estatales que absuelvan a ocho indígenas coca de Mezcala, Jalisco, del delito “fabricado” de daños a las cosas en perjuicio del empresario Guillermo Moreno Ibarra, quien es acusado por la comunidad de invadir ilegalmente su territorio con la complicidad de diversas autoridades municipales, estatales y federales.
La comunidad coca de Mezcala se asienta en las orillas del codiciado Lago de Chapala. En 1999, el empresario Guillermo Moreno Ibarra se apoderó de diez hectáreas de su territorio comunal y forestal . Las autoridades tradicionales de la comunidad demandaron ante el Tribunal Unitario Agrario la inmediata restitución de sus tierras, pero la demanda fue infructuosa. De acuerdo con la comunidad, el empresario ha desmontado área forestal y removido suelo para construir una gran mansión bordeada por una malla metálica electrificada, así como creado una brecha exclusiva para que circulen sus vehículos y ha desviado cauces de ríos.
En el año 2011, y ante la falta de respuesta por parte de las autoridades correspondientes, la asamblea de comuneros de Mezcala ordenó desmontar un panel solar que Moreno Ibarra instaló en su territorio y dejarlo a su disposición en la entrada de la Casa Comunal. Moreno Ibarra y Crescenciano Santana, a quien acusan de actuar como su prestanombres, presentaron ante la agente del Ministerio Público adscrita a Poncitlán, Jalisco, una denuncia penal por robo en contra de integrantes de la comunidad, quienes no fueron citados a la integración de la averiguación previa.
El expediente fue consignado al Juez Penal de Ocotlán, Oscar Martín Morales Vázquez, quien giró órdenes de aprehensión en contra de once personas. Los integrantes de la comunidad salieron libres bajo caución después de ser presentados y pagar una exorbitante fianza ante el Juez Penal de Ocotlán. El pasado 27 de mayo, el mismo juez dictó sentencia definitiva condenando a los miembros de la comunidad como responsables del delito de daño en las cosas a una pena de entre dos y tres años de prisión y al pago de una multa equivalente a 10 días de salario mínimo. Ante ello, la comunidad presentó la apelación en contra de la “infundada e inmotivada sentencia”, alegando violaciones cometidas al debido proceso y la no aplicación del Protocolo para los casos donde se involucren personas, comunidades y pueblos indígenas, así como de los tratados y convenios internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. La causa penal de apelación se radicó en la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.
Sin embargo, hasta la fecha “no se ha dictado sentencia” por parte de la Sexta Sala, ni se ha informado el nombre del magistrado que está a cargo de proponer la sentencia de apelación, “esto contraviniendo el derecho a la información que tanto procesados y abogados tenemos en todo tiempo a saber, constituyéndose en una violación al debido proceso”, indicó la asociación.
Ante ello, el CEPAD -acompañante jurídico del caso- solicitó al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz que ordene investigar los hechos donde intervino el personal del Ministerio Público (MP)adscrito a Poncitlán, Jalisco, y determine las violaciones procesales generadas por el personal, así como el papel que ha jugado el representante social adscrito al Juzgado penal en Ocotlán que dictó sentencia en contra de los miembros de la comunidad indígena.
El Cepad también exhortó al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Luis Carlos Vega Pámanes, a que “vigile que se imparta justicia, pronta y expedita, al considerar que miembros de la comunidad indígena han sido injustamente condenados. Así también exigimos dicte medidas necesarias para iniciar procedimiento administrativo en contra de Óscar Martín Morales Vázquez, juez de Primera Instancia en Materia Penal en Ocotlán, por las irregularidades graves cometidas y consentidas en el proceso penal de origen y que han derivado en la condena injusta en contra de miembros de la comunidad indígena de Mezcala”.