* Lamenta los «virulentos» ataques contra expertos internacionales que alertan de la situación.
Ciudad de México, 08 de octubre de 2015.»Hay un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad dela situación actual de los derechos humanos en México». Así resumió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, su visita a México y las conclusiones que también han formulado de sus viajes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una gran variedad de organizaciones sociales locales e internacionales y, sobre todo, sobrevivientes y familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos.
En su visita, el Alto Comisionado se reunión con integrantes de los tres poderes, quienes le informaron de avances constituvionales, legales y de políticas públicas en materia de derechos humanos. Sin embargo, advirtió, esto contrasta con la impunidad y desprotección que viven diariamente millones de mexicanos -resaltó que el 98% de los crímenes no se castiga, y muchas veces ni siquiera se investiga-, lo que unido a la corrupción de las instituciones por parte del crimen organizado «está reduciendo el impresionante conjunto de leyes mexicanas a meras palabras en el papel».
El funcionario de la ONU precisó que respalda por completo los hallazgos de la CIDH en su reciente visita in loco a México, y mostró su sorpresa por los «virulentos» ataques que han recibido los expertos internacionales que dan sus observaciones sobre el grave estado de los derechos humanos en México, como el propio Relator Especial sobre la tortura de la ONU, Juan Méndez. Llamó a terminar con la práctica de «disparar al mensajero» y pidió concentrarse en el mensaje.
En cuanto a los casos de alto impacto, el comisionado precisó que Tlatlaya será seguido de cerca -al ser el primer caso que se revisa después de las modificaciones al Código Militar- y se extendió sobre el caso Iguala. Valoró que este caso pone a prueba la voluntad y la habilidad del gobierno para afrontar los crímenes violentos y la corrupción. Este ataque «es un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México. De manera particular, pone de relieve el predominio de la impunidad y la indiferencia por las víctimas que afectan al país entero», lamentó.
«Si el verdadero destino de los estudiantes finalmente es revelado como resultado de una rigurosa y determinada investigación, y el amplio rango de perpetradores es identificado, procesado y sentenciado, incluyendo reparaciones a las víctimas, este terrible caso podría tener un efecto beneficioso en muchas otras situaciones similares en el país. Es importante que el Gobierno actúe decisivamente sobre las recomendaciones del GIEI incluyendo su insistencia de que las autoridades reviertan su decisión de no permitir que los expertos se entrevisten con miembros del Batallón no. 27, quienes estaban presuntamente en la escena cuando algunos de los ataques tuvieron lugar», resaltó el Alto Comisionado.
Zeid Ra’ad Al Hussein también precisó que muchos de los problemas con los que se encontró son los mismos que halló hace cuatro años su predecesora en el cargo, y sostuvo que los testimonios le dibujaron una sociedad afligida por los altos niveles de inseguridad, de desapariciones y de asesinatos, el continuo acoso a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, la violencia contra las mujeres y los terribles abusos hacia migrantes y refugiados que transitan por el país en su camino a Estados Unidos.
El funcionario llamó a consultar adecuadamente a los pueblos indígenas en vez de imponerles megaproyectos, y también a defender mejor a defensores de derechos humanos y periodistas.
Las recomendaciones del comisionado fueron: fortalecer de manera urgente las procuradurías en el país para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo; fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza, adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública e implementar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves.