Información Sididh, La edición de hoy, Minería, Temas relevantes de DH, Tierra, Uncategorized — octubre 7, 2015 at 8:50 am

Condenan ONG respuesta del Estado a informe de la CIDH

* Más de 70 organizaciones señalan que gobierno da respuestas mediáticas a problemas estructurales.

Encuentros con víctimas - CIDH
Encuentros con víctimas – CIDH

Ciudad de México, 07 de octubre de 2015. Cerca de 70 organizaciones de derechos humanos lamentaron que la respuesta del gobierno federal a las observaciones preliminares de la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respondiera a una lógica mediática de control de daños, cuando se trata de problemas estructurales que afectan a las personas que viven y transitan por territorio mexicano.

Apenas unas horas después de recibir las conclusiones preliminares, el pasado viernes, el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, expresó que el informe preliminar “no refleja la realidad del país” e insistió en que las conclusiones fueron producto de “encuentros y entrevistas” en “solo seis de las 32 entidades” y “realizado en un plazo de cinco días”. Las organizaciones de derechos humanos recordaron que  las conclusiones de la CIDH se sustentan no sólo en un trabajo de cinco días, sino en la vasta cantidad de información que permanentemente recaba dicha Comisión sobre México y que se ha actualizado durante la visita.

 Durante el actual sexenio, la CIDH ha celebrado 23 audiencias públicas sobre México, en las que el Estado ha tenido participación; en 2014 conocía de 130 peticiones y casos mexicanos en las etapas de admisibilidad y fondo; continuamente recibe informes de fuentes gubernamentales y no gubernamentales, supervisa medidas cautelares y el cumplimiento de recomendaciones en diversas entidades federativas y ha sostenido innumerables reuniones con víctimas, organizaciones y autoridades. En su visita a México, del 28 de septiembre al 2 de octubre, el organismo se entrevistó con más de cien representantes del Estado y sus equipos, así como con víctimas y organizaciones de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, el Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, entre otros.
Las organizaciones especificaron, en un comunicado público, que la formulación de observaciones preliminares es una práctica rutinaria de la CIDH en sus visitas a todos los países, y destacaron que las presentadas el 2 de octubre coinciden con las de diversos mecanismos de la ONU, como el Comité contra la Desaparición Forzada – que valoró que México vive una situación de desapariciones generalizadas-, el Relator sobre Tortura -quien concluyó que ésta es una práctica generalizada- y el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales -quien señaló que la impunidad por los homicidios es generalizada-, así como el Relator para la Libertad de Expresión -quien insistió en que México es el país con más agresiones contra periodistas en América Latina.

Los firmantes del comunicado recordaron que la invitación de visita que hizo el gobierno a la CIDH tiene el efecto reglamentario de impedir la incorporación de México en el Capítulo IV del próximo informe anual de ese organismo (dedicado al análisis de las situaciones más graves de la región), por lo que la propia invitación se puede entender como una acción para cuidar la imagen internacional del Estado.

Si el gobierno federal verdaderamente pretende “abrir puertas y asumir retos” en materia de derechos humanos -como han declarado funcionarios de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores-, «el primer paso es dejar de descalificar a los organismos y personas expertas que documentan la realidad del país. Al contrario, el gobierno debe asumir las conclusiones y recomendaciones de éstos como insumos valiosos, reconociendo la naturaleza de la crisis actual para entonces implementar políticas, programas, leyes y sobre todo prácticas que lleven al efectivo acceso a la verdad, la justicia, la reparación y a la disminución de las violaciones a derechos humanos a lo largo del territorio nacional», valoraron las y los defensores.

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