* La orden de liberar a 4 militares no quiere decir que el Ejército esté exonerado, indica el Centro Prodh.
Ciudad de México, 07 de octubre de 2015. La masacre de civiles en Tlatlaya a manos de elementos del Ejército está en riesgo de quedar en la impunidad ante la mala actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial Federal (PJF), alertó el Centro Prodh ante el anuncio en medios de la liberación de cuatro de los siete militares sujetos a proceso por la matanza de 22 personas sucedida el 30 de junio de 2014 en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México.
El centro de derechos humanos precisó que desconoce los detalles de la resolución del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, que ha sido interpretada por distintos actores político y mediáticos como una exoneración del Ejército, pero aclaró que tres militares siguen procesados por homicidio, es decir, por una violación grave a los derechos humanos como es la ejecución arbitraria. «Los señalamientos sobre autoría material de las ejecuciones por parte de tres activos de las Fuerzas Armadas son consistentes con los dichos de las sobrevivientes y se sostienen hasta el momento; ello no implica que el resto de los involucrados sean ajenos a la comisión de conductas ilícitas, dado que incurrieron en encubrimiento y en alteración del lugar de los hechos. En otras palabras, el Ejército no ha sido exonerado», ratificó.
Los representantes de la víctima llamaron la atención sobre la actuación de la PGR, «que al ser quien acusa debe presentar cargos penales sostenibles jurídicamente, garantizando los derechos de las víctimas y realizando una investigación exhaustiva y diligente», y sobre el Poder Judicial Federal, «garante del debido proceso para todas las personas sujetas a procesos penales, incluidas las víctimas». El Prodh alertó que de persistir la PGR y el PJF en su patrón de actuación «podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente».
El Centro Prodh, representante legal de la principal testigo y sobreviviente del caso Tlatlaya, Clara Gómez González, señaló que ésta no fue notificada de la liberación de los cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que se enteró a través de los medios, «en una reiteración de la falta de reconocimiento de su calidad de víctima tanto en el fuero civil como en el fuero militar».