* Enorme brecha entre leyes y realidad, enfatizan.
Ciudad de México, 05 de octubre de 2015. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, señalaron los comisionados en su informe preliminar. El gobierno de México reaccionó diciendo que la información en la que se basaron está limitada, mientras la Organización de los Estados Americanos (OEA) apoyó a los comisionados.
La Comisión describió que México viva una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares, con efectos especialmente graves sobre personas en situación de pobreza, personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBTI), entre otros, en un situación resultado de «una situación estructural que México padece desde hace décadas».
Los comisionados, quienes del 28 de septiembre al 2 de octubre se reunieron con integrantes d elos tres poderes, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, consideraron que la violencia contra familiares de víctimas, defensores y periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos, callando «las voces que más necesita México».
Las observaciones preliminares -pues las finales se plasmarán en un informe que se publicará a principios del año 2016- señalan que la magnitud de la desaparición de personas en México es alarmante. «Especialmente grave es la información amplia y consistente sobre la existencia de una práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del estado o con la participación, aquiescencia, o tolerancia de las mismas. Al igual que en los casos de desaparición forzada del pasado, se registran altos niveles de impunidad para las desapariciones y desapariciones forzadas del presente», especificaron las y los comisionados, que visitaron los estados de Veracruz, Guerrero, Coahuila, Tabasco, Nuevo León y Distrito Federal.
La información recabada durante la visita de la CIDH da cuenta de que las falencias en las investigaciones son graves y múltiples, y la respuesta de las autoridades ante la búsqueda de justicia presenta graves deficiencias. «La falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que perpetúa y en ciertos casos impulsa la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos», lamentaron. Otro fenómeno de profunda preocupación, insistieron, son las ejecuciones extrajudiciales.
Aunque la Comisión valoró las medidas que el Estado ha tomado, en particular las reformas en materia de derechos humanos, puntualizó que existe una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, además de falta de acceso a la justicia con procesos penales estancados y sentencias condenatorias casi inexistentes.
Para la Comisión, un primer paso debe ser esclarecer y deslindar responsabilidades relacionadas con los crímenes y graves violaciones cometidas en el pasado, «para así romper con la impunidad histórica que arrastra México desde hace décadas», además del combate a la impunidad y la corrupción en todos los niveles de gobierno, entendido como una política de Estado concreta y decidida. «En consecuencia, se deben resolver las causas estructurales de la falta de acceso a la justicia en México, tal como la infiltración de grupos del crimen organizado en muchas policías de los diferentes niveles de gobierno, en especial a nivel municipal, así como agencias de procuración de justicia».
Entre otras recomendaciones, la CIDH habló de la independencia y autonomía de las agencias forenses, tanto a nivel estatal como federal, así como la consolidación de la independencia judicial en México.
Especialmente, la CIDH hizo un reconocimiento a la labor que para el caso Ayotzinapa realiza el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), y llamó al Estado mexicano a adoptar cuanto antes las medidas solicitadas por el grupo: trasladar la responsabilidad de la investigación a la Subprocuraduría de Derechos Humanos; designar, en consulta con el GIEI, un nuevo Fiscal Especial a cargo de la investigación; renovar a todos los miembros del equipo; reorientar la investigación a fin de seguir las líneas que surgen del informe del GIEI, las cuales distan de las hipótesis bajo la cual se han realizado las investigaciones de la PGR hasta el momento; y permitir a los expertos entrevistar a todos los testigos, incluidos los integrantes del 27 Batallón de Infantería.