* Multitudinaria marcha arropa la exigencia de verdad y justicia.
Ciudad de México, 28 de septiembre de 2015. Con el rostro bañado en lágrimas al paso de padres, madres, hermanas y tíos de los normalistas de Ayotzinapa, decenas de miles de ciudadanos aguantaron bajo la incesante lluvia del 26 de septiembre de 2015 para expresarle su solidaridad a las familias y para reclamar a las autoridades la falta de certeza sobre el paradero de los 43 jóvenes.
Los padres y madres de los normalistas llegaron a la cita después de realizar un ayuno de 43 horas y de un encuentro con el presidente de la República en el que le presentaron ocho exigencias que no fueron atendidas.
La manifestación se replicó en decenas de ciudades de México y otros países. En las calles de la Ciudad de México se volcaron lo mismo sindicatos que sociedad civil sin filiación organizativa, quienes desde el inicio hicieron suya la indignación por el brutal ataque a los jóvenes estudiantes de la Normal.
En el templete, los padres y madres agradecieron a todos el apoyo que, sostuvieron, los ha levantado cuando se sentían sin más fuerzas. Ninguno se imaginó que llegarían un año y seguirían reclamando saber el paradero de sus hijos. Y los reclamos fueron directos, para las autoridades que nada efectivo han hecho para devolverles a a sus desaparecidos y que, reclaman, no acepta sus equivocaciones al sostener la «verdad histórica» y desvalorizar el informe de los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En consonancia con lo visto en las calles, decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos emitieron informes para condenar las desapariciones forzadas y las ejecuciones cometidas por fuerzas del Estado en Iguala y para abrazar a los familiares.
«Este año ha sido como un torbellino que sacudió al país entero, que puso en evidencia la grave crisis de derechos humanos que vivimos, que mostró la fragilidad de las instituciones del Estado mexicano y demostró que en este país hay miles de personas víctimas de desaparición forzada y a manos de particulares, decenas de miles de hombres y mujeres ejecutados extrajudicialmente y miles más que han sido desplazados de sus comunidades por vivir bajo la amenaza de la violencia. A un año, tenemos la certeza de que, de todo lo anterior, es responsable el Estado», indicaron Alianza Única del Valle, Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, Centro Antonio de Montesinos y muchas organizaciones más.
La Organización de las Naciones Unidas emitió un comunicado en el que señaló que «reitera su plena disponibilidad para seguir colaborando con el Estado Mexicano» para el esclarecimiento de los hechos.