* Solicitan cumplimiento irrestricto de las recomendaciones de los expertos y destitución de funcionarios que obstaculizan la investigación.
Ciudad de México, 22 de septiembre de 2015. Alrededor de un centenar de académicos de prestigiosas universidades exigieron al gobierno de enrique Peña Nieto que respalde incondicionalmente al Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI). que acate las recomendaciones contenidas en su informe y que aparte de sus funciones a los servidores públicos que se oponen a su trabajo.
Las y los académicos valoraron que la magnitud del trabajo que realiza el grupo de expertos designando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para coadyuvar en el caso de la desaparición forzada y ejecución de los normalistas de Ayotzinapa debe considerar un plazo indefinido, hasta el esclarecimiento de los hechos. «Asimismo, el Estado mexicano, a través de todas su autoridades, deben respaldar públicamente al GIEI, quienes gozan de una alta calidad moral, amplio conocimiento materia de derechos humanos y experiencias en hechos de igual o mayor magnitud de violaciones de derechos humanos ocurridas», recordaron.
Los directivos, investigadores y profesores de centros de estudio como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Iberoamericana consideraron que es una ofensa para las víctimas y la sociedad en general que a un día de la presentación del Informe del GIEI, servidores públicos del más alto nivel en la Procuraduría General de la República se pronunciaran en contra del mismo, por lo que «el Estado mexicano debe refrendar su compromiso con las víctimas y el respaldo al GIEI con la inmediata destitución de servidores públicos que continuarán obstaculizando la acción de la justicia».
En el informe, dado a conocer el domingo 06 de septiembre, el grupo de expertos deignados para coadyuvar en el caso concluyó que no hubo incineración de personas en el basurero de Cocula, evento que sustentaba la “verdad histórica” del Estado mexicano sobre el destino final de los normalistas.
En una carta hecha pública ayer, los firmantes exigieron al gobierno federal el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI contenidas en el Informe; que se esclarezcan todas las inconsistencias y engaños contenidos en la investigación ministerial de la Procuraduría General de la República; que se individualice la responsabilidad penal individual de quienes actuaron con dolo, mala fe o negligencia, para obstruir la persecución penal de las ejecuciones arbitrarias, tortura y desaparición ocurridas el 26 y 27 de septiembre de 2014; y la ampliación por tiempo indefinido del Acuerdo de Cooperación del Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fortalecimiento de su mandato, y de recursos humanos y materiales indispensables para su labor.
Además, los académicos exigieron para el GIEI el acceso a toda la documentación vinculada con los hechos, incluida las entrevistas de manera libre y personal con elementos del Ejército mexicano, policías federales, agentes ministeriales federales y estatales, así como de acceso a instalaciones militares; su participación en todas las actuaciones ministeriales que se realicen, y su conformidad con la elección de peritos(as) independientes, así como, su presencia en la ejecución de las periciales correspondientes.
El pronunciamiento de los académicos se suma a las exigencias en el mismo sentido hechas por organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, WOLA, CEJIL, entre otras.