* CDHDF emite tres recomendaciones por la actuación de las autoridades durante manifestaciones sociales.
Ciudad de México, 15 de septiembre del 2015. Detenciones arbitrarias, abuso de autoridad, tratos degradantes, e incluso tortura contra participantes en movilizaciones -extremos que habían sido denunciados por las organizaciones sociales desde hace al menos dos años- son algunas de las violaciones a derechos humanos que hicieron acreedor al gobierno capitalino de tres recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Las recomendaciones 9, 10 y 11 se refieren a los operativos del 10 de junio y 2 de octubre de 2013, y al del 22 de abril de 2014.
En las recomendaciones hechas públicas ayer, la CDHDF concluye que las detenciones fueron arbitrarias; que se excedió el uso de los delitos “ultrajes a la autoridad” y “ataques a la paz pública”; que los detenidos en la mayoría de los casos no correspondían a quienes presuntamente habían incurrido en ilicitudes, y que en los diferentes procesos judiciales que se siguió a los detenidos hubo violaciones a garantías, entre otras, al debido proceso. La Comisión también señaló que los despliegues policiacos en marchas y concentraciones no se apegan a sus funciones de seguridad pública conforme a normas y criterios nacionales e internacionales, por lo que sus diferentes actuaciones violan derechos fundamentales como las libertades de manifestación, expresión y asociación.
Las actuación de las autoridades capitalinas, señalan las recomendaciones, violan también los derechos a la libertad personal, a la integridad y al derecho a ser defensor.
Las recomendaciones de la CDHDF se dirigen no sólo a la Secretaría de Seguridad Pública y la PGJDF, también alcanzan al Poder Judicial capitalino y a la Asamblea Legislativa, al considerar que esta última debería revocar los delitos mencionados de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad.
En distintas ocasiones, las organizaciones pertenecientes al Frente por la Libertad de Expresión y la protesta social han alertado de las disposiciones legales que inhiben el derecho a la manifestación y la libertad de expresión.