La investigación oficial: un catálogo de deficiencias/ Proceso Más allá del debate provocado por la imposibilidad de que los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos hayan sido calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero, o la sospecha de que detrás de los ataques perpetrados la noche del 26 al 27 de septiembre esté el narcotráfico, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa constituye un catálogo de malas prácticas de las autoridades en materia de búsqueda de desaparecidos. Hubo omisiones graves en las indagatorias de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJ) y la Procuraduría General de la República (PGR), que atrajo tardíamente el caso; no se resguardaron las escenas del crimen, y algunas de ellas ni siquiera fueron consideradas como tales; se confirmaron fallos a la hora de obtener los videos de cámaras instaladas en Iguala así como a la hora de considerar testimonios clave; las autoridades estatales, federales y del Ejército desprotegieron a los normalistas, y al menos 77% de los detenidos presentaba lesiones, posiblemente provocadas por tortura.
‘Extravían’ archivos del 68 y Guerra Sucia/ Reforma Nadie sabe dónde está parte de los informes de inteligencia del gobierno mexicano durante el Movimiento del 68 y la llamada Guerra Sucia. Durante el mes de agosto se resolvió una serie de recursos de revisión contra la Procuraduría General de la República (PGR), sobre solicitudes de cifras de homicidios, tortura y desapariciones forzadas desde 1960 a la techa. La PGR respondió que la información no se encuentra en sus archivos, sin embargo, los fallos emitidos por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) le obligaron buscar en los archivos que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) entregó a la Dirección General de Investigaciones de la Procuraduría.
“A mi hijo lo mataron policías de élite de Coahuila; no es caso único”/ La Jornada José Cruz Cortés Meléndez lo dice sin temor a equivocarse: A mi hijo lo mataron los policías del GATE (Grupo de Armas y Tácticas Especiales) de Coahuila, un cuerpo de élite que acumula más de 100 expedientes por graves violaciones a los derechos humanos, como tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Su hijo, José Cruz Cortés Chavarría, de 35 años, murió en custodia de estos policías que lo detuvieron sin orden de aprehensión la noche del sábado 5 de septiembre en una cantina ubicada en el pueblo minero de Cloete, y estuvo desaparecido por varias horas, sin que fuera presentado en ninguna cárcel municipal.
Recolectan ADN para buscar a desaparecidos/ Excélsior Fuerzas Unidas de Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) realizó ayer la segunda jornada de la toma de muestras de ADN del banco de Ciencia Forense Ciudadana. El evento se realizó en la Plaza de los Desaparecidos, en el centro de Monterrey. Irma Leticia Hidalgo, integrante de Fundenl, explicó que la finalidad de la toma de muestras es formar un registro nacional ciudadano de personas desaparecidas. Las muestras son de saliva y servirán para cotejar con tomas de algún cuerpo o hacer la búsqueda, en vida, de víctimas de desaparición, explicó.
Consignan a Omarcito por caso Narvarte/ 24 Horas Tras la captura del tercer implicado en el caso Narvarte, César Omar Martínez Zendejas, alias Omar o el Omarcito, la Procuraduría General de Justicia capitalina aún no da a conocer la participación que tuvo cada uno de los presuntos delincuentes en el múltiple homicidio, pero en sus declaraciones todos se culpan entre sí. Martínez Zendejas fue consignado este domingo ante un juez penal por los delitos de homicidio y feminicidio calificado, y robo en pandilla. El presunto criminal, de 32 años de edad, fue detenido la tarde del viernes en Coyoacán. Esta captura se suma a la de los ex convictos Daniel Pacheco Gutiérrez y Abraham Torres Tranquilino, quienes fueron aprehendidos el 4 y 30 de agosto, respectivamente.
Se incrementará el despojo a los pueblos indígenas: Mario Luna, a un año de su encarcelamiento/ Desinformémonos A un año de haber sido encarcelado por su lucha en defensa del agua, Mario Luna Romero, secretario y vocero de la tribu yaqui, advierte desde el penal de Hermosillo, Sonora, que lo que se avecina para el país es “el despojo aún más fuerte de los recursos naturales de los pueblos indígenas”, por lo que tienen que mantenerse “alertas y unidos”. El país está convulsionado, dice en entrevista telefónica con Desinformémonos, “pero hay varios frentes de lucha fortalecidos”, ante el agotamiento del sistema político y económico. Desde el penal al que llegó hace un año, el vocero advierte que si el gobierno pretendía con su encarcelamiento apagar la lucha de la tribu yaqui contra el Acueducto Independencia, no lo consiguió, pues las autoridades indígenas y el resto de la tribu siguen defendiendo su agua y exigiendo la integridad territorial de su pueblo.
En desaparición forzada hay mucho ruido, poca acción y gran apatía de autoridades: ONGs/ Sin Embargo Familiares, víctimas y organizaciones sociales han reforzado sus reclamos debido a que, afirman, hasta el momento no han sido escuchadas por parte de las autoridades que están encargadas de crear la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares. A pesar que desde hace meses existen propuestas por parte de expertos en el tema quienes han pedido ser escuchados, sólo han recibido negativas o, peor aún, ha imperado la indiferencia, por parte de los diputados de la anterior legislatura y funcionarios de las Secretaría de Gobernación (Segob).
Albergue en Querétaro denuncia que custodios privados balean a migrantes para impedir que suban a ‘La Bestia’/ Animal Político Custodios privados del ferrocarril conocido como La Bestia agredieron a personas migrantes al paso del convoy por la comunidad de La Fuente, en el municipio queretano de Tequisquiapan. La denuncia fue realizada por la Estancia del Migrante González y Martínez, la cual señaló que tanto los migrantes como el personal que labora en el albergue han sido objeto en los últimos dos meses de amenazas y agresiones por parte del ‘Cuerpo de Guardias de Seguridad Valle de Toluca’; un cuerpo auxiliar de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México que vigila las instalaciones y convoyes de Ferromex.
Indígena tsotsil es trasladado a penal de máxima seguridad, pese a “compromiso” de Velasco por obtener su libertad/ Radio Pozol “El gobernador Velazco Coello con la segunda visita que hiso aquí en penal n°5 que fue el 4 de Julio del 2013, donde se comprometió a buscar los medios o enlaces ante las autoridades de Veracruz, para obtener mi libertad, cosa que hasta la fecha cumple 1 año sin tener alguna respuesta, porque solo promete las cosas y no las cumple, y una vez más le pido al gobernador que cumpla su palabra”, expresaba Alejandro Díaz Santis, en julio pasado, durante un ayuno de 13 días en el penal número cinco, de San Cristóbal de las Casas. Dos meses después, la respuesta de las autoridades estatales y federales, ha sido su traslado al penal de máxima seguridad de la comunidad costera de Villa Comaltitlán, Chiapas.
Recuperar el agua de Coyotepec, desafío del Frente Popular/ Subversiones Este 6 de septiembre, se llevaron a cabo elecciones para elegir la nueva administración de agua potable, en las cuales participaron tres planillas, la primera integrada por vecinos del barrio Chautónco, la segunda por integrantes del Frente Popular 9 de Junio y la última respaldada por gente incondicional a Anguiano, resultando ganadora la planilla del Frente Popular. Días anteriores se rumoraban posibles enfrentamientos, encabezados por el grupo de choque de Martín Carranza para romper las elecciones, pero todo transcurrió pacíficamente, pese a la presencia e intimidación de la policía estatal.
Detienen a cuatro agentes del INM por tráfico de personas/ Informador Cuatro elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron detenidos en Chiapas por el presunto delito de tráfico de personas. Los agentes del INM fueron detenidos por policías federales cuando en vehículos oficiales trasladaban a 13 indocumentados de Guatemala y Honduras, entre ellos cinco menores de edad, en aquella región del norte de Chiapas.