* La Organización para las Naciones Unidas y el Consejo Ciudadano reconocen trabajo del GIEI
Ciudad de México, 10 de septiembre del 2015. Con un reconocimiento a la labor realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Consejo Ciudadano para la Implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y la ONU, resaltaron las averiguaciones sobre las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y torturas cometidas en contra de estudiantes normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre.
Ambas organizaciones preponderaron los argumentos de los expertos que descartan científicamente la teoría sobre la incineración de los 43 normalistas en el basurero de Cocula. Así mismo, los resultados obtenidos por los especialistas en los seis meses de estancia en el país, señalaron, permitirá que el gobierno explore otras líneas de investigación que previamente fueron desechadas por la Procuraduría General de la República (PGR).
Los expertos de la ONU insistieron en que se debe hacer un “replanteamiento general” de la investigación a partir de los déficits que se refieren en su informe en aspectos como la búsqueda de los estudiantes, la dispersión de las investigaciones, la calificación de los hechos y las alegaciones de malos tratos y torturas. Los expertos abogaron para que ésta sea exhaustiva y que ahonde en los distintos grados de participación de todas las autoridades que por acción o por omisión estuvieron involucradas en los hechos de Iguala, en el que también fueron ejecutadas seis personas y más de 20 resultaron heridas.
Tanto los expertos de la ONU como el Consejo Ciudadano exhortan al gobierno a que se investigue a todos los funcionarios que hayan obstruido la investigación y con el fin de que la investigación avance, llaman al gobierno a que nadie goce de privilegios ni de impunidad.
Las recomendaciones hechas por el GIEI al Estado mexicano, puntualizaron las organizaciones en comunicados de prensa, son relevantes no sólo para el caso sobre la desaparición de los normalistas, sino también para los retos que actualmente el gobierno enfrenta en materia de desaparición forzada, torturas, malos tratos y ejecuciones en todo el territorio nacional, evidenciados en el informe de la ONU, que reiteró su compromiso y asistencia el gobierno para resolver la crisis en materia de derechos humanos que enfrenta el país.