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El CDH Tlachinollan recuerda a los defensores asesinados a un año de su desaparición.
Artículo del CDH Tlachinollan.- El 13 de febrero se cumplió un año de que Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron desaparecidos de manera forzada. Tres personas que se identificaron como policías entraron hasta donde se encontraban, junto a los integrantes del Ayuntamiento de Ayutla inaugurando unas aulas de una secundaria técnica y se los llevaron con violencia. Pese a las circunstancias públicas en que ocurrió la desaparición de los defensores, las autoridades municipales y de los otros órdenes de gobierno nada hicieron para su búsqueda. Mostraron una actitud indolente ante la desaparición forzada de los defensores. Evidenciaron su poco compromiso con los derechos humanos y con el trabajo de los defensores.
Esta omisión e irresponsabilidad de las autoridades tuvo consecuencias trágicas. El 21 de febrero de ese mismo año los indígenas aparecieron privados de la vida, y sus cuerpos presentaban visibles huellas de tortura.
Raúl y Manuel compartían una historia de lucha iniciada desde 1998 a raíz de la masacre de El Charco. En medio de la pobreza, la represión de los cuerpos de seguridad y con la firme convicción de que un mundo distinto es posible empezaron a organizar a los pueblos, dieron a conocer a los mixtecos de la región sus derechos, interpusieron innumerables denuncias contra elementos del Ejército mexicano y otros cuerpos policiacos, que cometían abusos y atropellos contra sus hermanos na savis. Exigieron transparencia y rendición de cuentas a las autoridades municipales.
Su lucha constante e inclaudicable incomodó a las autoridades y pronto los empezaron a perseguir y a reprimir. En el año 2006 Raúl Lucas Lucía fue retenido por elementos del Ejército. Lo sometieron a un interrogatorio ilegal. Por esas mismas fechas sufrió un atentado. Los agresores le dispararon en el cuello, y milagrosamente salvó la vida. Por estos y otros actos de agresión Raúl emprendió las acciones legales correspondientes, pero éstas nunca prosperaron. En no pocas ocasiones las autoridades intentaron acallarlos. Quisieron cooptarlos, ofreciéndoles dinero, privilegios y regalías, pero la respuesta de Raúl y Manuel era contundente: “A nosotros nos puso el pueblo y la lucha y resistencia mixteca no se vende”, decían a menudo. Pasaron la prueba más dura de un defensor, no cayeron en la tentación del dinero; pese a que vivían en la pobreza extrema, resistieron la represión y persecución, por eso el Estado decidió acallar para siempre esas voces que denunciaban las injusticias y que pugnaban por un mundo distinto.
La ejecución extrajudicial de Raúl y Manuel no tiene otra lectura ni explicación, sino como un mensaje para los que tengan la osadía de defender los derechos humanos. La honestidad, la convicción inclaudicable de luchar por los pobres, resulta peligroso a los ojos de la autoridad. La desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial son utilizadas por las altas esferas del poder como método para infundir miedo y desarticular las luchas sociales.
La Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM) que dirigían Raúl y Manuel, ha sufrido en carne propia las consecuencias de la represión. El asesinato de sus dirigentes generó la desarticulación de la OFPM. Sin duda alguna se reorganizarán siguiendo el ejemplo de los defensores ultimados, pero eso tendrá lugar en un mediano plazo.
Esta actitud gubernamental de perseguir, torturar y matar a los disidentes políticos que ha caracterizado a los gobiernos caciquiles de Guerrero, es violatoria de los derechos humanos. Los tratados en materia de derechos humanos son pisoteados impunemente por el gobierno de guerrero.
Apartándose de los principios establecidos en la declaración de los defensores de derechos humanos y otros tratados, el gobierno de Guerrero afirma que no está obligado a brindar seguridad específica a los defensores y periodistas. Tal aseveración se traduce en un incumplimiento del compromiso gubernamental para hacer vigente los derechos que a favor de los defensores recogen los tratados de derechos humanos. Las autoridades amparadas en un discurso falaz de igualdad, eluden su obligación de brindar garantías para los defensores y los periodistas. No se dimensiona que los defensores contribuyen a forjar una sociedad más democrática, a través de la defensa de los derechos de los demás, por eso en la medida en que se brinden garantías para su trabajo, se garantizan los derechos de todos. Reprimir y matar a los defensores, no sólo implica violar los derechos de ellos sino atentar contra los derechos humanos de la colectividad.
La ejecución extrajudicial de Raúl y Manuel es un mensaje funesto de que los derechos humanos poco interesan, que se puede matar a un defensor de derechos humanos y no pasa nada. Esto parece confirmarse con la impunidad en que se encuentra el caso de los defensores. Las autoridades que procuran justicia avanzan con lentitud en las investigaciones, el Poder Legislativo local y federal guardan silencio ante la impunidad que se ha enseñoreado en nuestro estado.
La impunidad en que se encuentran los casos de los defensores indígenas está propiciando el asesinato de periodistas y líderes políticos. Desde la muerte de Raúl y Manuel hasta los asesinatos de los funcionarios del Ayuntamiento de Coyuca de Catalán no existe ningún responsable que esté siendo procesado.
Las élites políticas guardan un silencio cómplice que propicia la impunidad, priorizan las componendas y los acuerdos políticos antes que la exigencia de justicia y el conocimiento de la verdad histórica de los crímenes contra defensores, periodistas y líderes políticos.
La recomendación 78/2009 emitida el 28 de diciembre por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no ha sido aceptada por el gobernador ni el Congreso del Estado o por lo menos los familiares no tienen conocimiento de ello. Sería un craso error del Congreso del Estado no aceptar la recomendación emitida por la CNDH o aceptarla a medias, cuando esta legislatura fijó una posición en tribuna condenando enérgicamente la muerte de Raúl y Manuel. El Congreso del Estado ofendería la memoria de su extinto presidente Armando Chavarría –cuyo crimen también permanece en la impunidad– que fue categórico al manifestar que los asesinatos de los defensores indígenas representaba un retroceso de 30 años en materia de derechos humanos en la entidad.
La muerte de Raúl y Manuel nos obliga a los defensores a seguir esta lucha por justicia para los que menos tienen. Conocer la verdad histórica, identificar y sancionar a los responsables es un compromiso del que no claudicaremos. Exigiremos a la autoridad que haga justicia y que repare los daños a los familiares. De igual forma estamos plenamente convencidos de que los na savi de Ayutla, herederos de una historia de lucha y resistencia y con el ejemplo de Raúl y Manuel que ofrendaron sus vidas por la defensa de los derechos humanos se reorganizarán para seguir exigiendo la vigencia de sus derechos fundamentales.