* Open Society Justice Initiative analiza a fondo la «justicia fallida» en la entidad
Ciudad de México, 02 de septiembre de 2015. Si bien la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa trajo «un dolor indescriptible y gran sufrimiento» a los familiares, no fue una sorpresa para la población de Guerrero, víctima de atrocidades y crímenes violentos al menos desde el periodo de la Guerra Sucia. A los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas del Estado se suman ahora el auge de los cárteles de la droga y la estrategia federal de seguridad, lo que tiene cada vez más atrapada a la población, describe la Open Society Justice Initiative.
En el informe Justicia fallida en el estado de Guerrero -elaborado con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro Prodh-, la Open Society Justice Initiative entra a fondo para describir la impunidad y las carencias que han hecho posible que hoy Guerrero sea la entidad con mayores retos políticos y estructurales para investigar, perseguir, sancionar y reparar casos de atrocidades y violaciones masivas de los derechos humanos. De hecho, el informe -que se presentará hoy en Chilpancingo- era parte de un estudio más amplio, pero las características del estado llevaron a la fundación a reservarle una publicación propia.
De acuerdo con el estudio, el sistema de justicia de Guerrero es de?ciente, en esencia, «porque sus incentivos son incorrectos»; es decir, la policía es contratada para intimidar y reprimir oponentes políticos o para reaccionar a los delitos mediante el uso de la fuerza, y la corrupción fuera de control implica que muy a menudo la policía sirve como el brazo armado de las redes criminales.
«La policía no es contratada para prevenir o investigar delitos. Cuando la policía y los funcionarios a cargo de la investigación y persecución del delito deben mostrar resultados en los tribunales, por lo general se basan en confesiones obtenidas mediante tortura que no son con?ables. Y también se salen con la suya al torturar, pues sus mismos colegas policías y otros funcionarios cercanos son quienes, en teoría, están a cargo de la investigación de esos abusos. En esta cultura institucional, ¿cuáles son los incentivos para que los funcionarios a cargo de la investigación y persecución del delito y la policía aprendan técnicas profesionales y legales de investigación? La ineptitud de Guerrero para investigar todas las formas de delitos de gravedad se debe, en el fondo, a la dependencia en el uso de la tortura por parte de agentes estatales», sentencia la publicación, que requirió más de dos años de trabajo.
Entre las recomendaciones que también incluye el documento resaltan la necesidad de garantizar que la Comisión de Derechos Humanos en el estado sea reformada por el Congreso local y mejorar la recopilación de datos en el sistema de justicia; crear una vicefiscalía independiente especializada en violaciones a derechos humanos; crear servicios periciales independientes de autoridades políticas y de la fiscalía general y reformar la ley contra la tortura, entre otros.
Para la fundación, lo que sucede en Guerrero también apunta al gobierno federal: “Con múltiples deficiencias para la investigación de atrocidades en su propio sistema de justicia, el Gobierno federal también ha fracasado en actuar como mecanismo de control eficaz en la espiral de violencia e impunidad que prevalece en el estado”.
Para los investigadores de la Justice Initiative, en parte el caso de los normalistas de Ayotzinapa trascendió porque desmintió tajantemente la narrativa que el gobierno había tratado de sostener de que las víctimas de la violencia eran delincuentes y significaban una señal de éxito de la estrategia implementada por Felipe Calderón. Por el contrario, apuntaron, ese caso sólo reflejó una situación generalizada de “pervertidas prácticas que resultan del tráfico de drogas, la militarización, la pobreza, la ilegalidad y la corrupción en Guerrero”.
El informe resalta: “Los acontecimientos de septiembre de 2014 revelaron rasgos de cacicazgo,autoritarismo, criminalidad, corrupción, impunidad descarada e incompetencia. El repentino desmoronamiento del sistema que ocurrió a la vista de México y del mundo entero provocó protestas y representó la posibilidad de inestabilidad política. Pero también pudo haber representado una oportunidad. Guerrero corre el riesgo de hundirse en una crisis y una disfunción profundas, a menos que sus nuevos líderes estén dispuestos a reconocer las fallas estructurales e iniciar una serie de reformas que obligan a desa?ar a los intereses criminales y políticos arraigados. Únicamente un cambio así de dramático podría resultar, un día, en el ?n de la historia de atrocidades de Guerrero”.