* Su aniversario llega en medio de una grave crisis de violaciones a derechos humanos en México.
Ciudad de México, 31 de agosto de 2015. Con un reconocimiento a la lucha de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y en medio de una crisis en materia de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan conmemoró el pasado 29 de agosto 21 años de acompañar a víctimas de violaciones graves de derechos humanos y de reivindicar el derecho de los pueblos al ejercicio pleno de su libre determinación.
Acompañados de pueblos y personas a las que ha defendido, quienes marcharon a su lado para celebrar su trabajo, la organización de derechos humanos presentó el informe Desde las trincheras de Ayotzinapa: la defensa por la educación y la vida de los hijos del pueblo. «Este informe de ninguna manera busca presentar la verdad sobre los hechos ocurridos en septiembre de 2014, por el contrario, su objetivo es el de dar voz a la comunidad normalista rural y a la de las familias víctimas de la impunidad y la colusión estatal», precisaron.
En sus más de dos décadas de trabajo, Tlachinollan ha documentado los impactos negativos de las políticas fallidas de seguridad pública basadas en la militarización, de desarrollo social centradas en el asistencialismo y clientelismo, de represión a la protesta social, de la falta de la independencia de los poderes del Estado en Guerrero, así como del total colapso del sistema de justicia penal donde reina la impunidad que – entre otras causas estructurales – «nos han llevado a una crisis donde la violencia generalizada y la colusión de las autoridades de todos los niveles con la delincuencia organizada han debilitado cualquier rastro de Estado de derecho, dejando en la indefensión a las y los guerrerenses», señalaron en boletín de prensa.
Para el centro de derechos humanos, la respuesta del Estado ha sido la de deslegitimar todas las voces que denuncian esta situación. «De ello hemos sido testigos las defensoras y defensores de derechos humanos que somos centro de campañas de deslegitimación y criminalización por nuestra labor», situación que se ha extendido a voces como el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y con el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Tlachinollan resaltó que el Estado se ha empecinado en la imposición de “verdades históricas” a partir del uso de la fuerza y la criminalización de la protesta social. «Sin embargo, lo cierto es que el Estado mexicano ha demostrado su falta de capacidad técnica y de voluntad política para garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de violaciones graves de derechos humanos», contrastó.
Para las y los defensores parte de Tlachinollan, la desaparición forzada de los 43 normalistas los días 26 y 27 de septiembre los marcó profundamente y los embarcó, junto con los familiares, en una ardua batalla contra las autoridades mexicanas para exigir la presentación con vida de los jóvenes. En este contexto, hicieron un reconocimiento a las familias de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa y de las decenas de miles de personas desaparecidas en México.