* Expresan especial preocupación por la posibilidad de que se presente como iniciativa preferente sin que sea consultada previamente.
Ciudad de México, 28 de agosto de 2015. En una carta abierta dirigida al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, decenas de organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la falta de mecanismos de diálogo y participación en la construcción de la Ley General contra la Tortura. Demandaron que en un tema tan “sensible e importante para el país”, el mandatario gire instrucciones para asegurar que se informe de los avances de su elaboración y que se diseñe un mecanismo que garantice la efectiva y oportuna participación de organizaciones de la sociedad civil, víctimas y personas interesadas.
El periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión arrancará el 1 de septiembre, por lo que las organizaciones de derechos humanos indicaron su especial preocupación por la posibilidad de que la iniciativa de ley sea presentada con el carácter de preferente sin que haya un proceso participativo, lo que constituiría una “imposición de contenidos”.
El pasado 10 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73, que faculta al Congreso a expedir leyes generales en diversas materias, entre las que se encuentra la de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. “Dicha Ley General deberá expedirse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la mencionada reforma”, recordaron las organizaciones. Sin embargo, acusaron, a pesar de las demandas hechas por la sociedad civil para contribuir a que la Ley se diseñe retomando los más altos estándares internacionales en la materia, “al momento no hemos sido informadas sobre los avances en la elaboración de esta Ley, y tampoco hemos sido convocadas a contribuir y aportar, desde nuestra experiencia de acompañamiento, en este debate”.
Para las organizaciones firmantes, la creación de una Ley que aspire a la efectiva prevención, erradicación y sanción de la tortura “debe inexorablemente ser un ejercicio democrático que involucre las diversas voces que han demandado en los últimos años la creación de este marco normativo”, por lo que insistieron en que el mandatario gire las instrucciones pertinentes para que se garantice que se retomen las principales preocupaciones y propuestas de organizaciones, víctimas y personas interesadas a través de la participación. “En un tema tan sensible e importante para el país, esta participación debe ser el pilar para la legítima construcción de esta Ley”, remarca la misiva, enviada también al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; a la procuradora general de la República, Arely Gómez; y al subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián.
La carta abierta fue firmada por el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”; Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC); Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGO DH); Equis Justicia para las Mujeres; Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.; Paso del Norte A.C.; Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI); Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C.; Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República mexicana); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.; Jass Asociadas por lo Justo A.C.; y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.