* «Falta Mario Luna», advierten organizaciones civiles que acompañan el caso.
Ciudad de México, 28 de agosto de 2015. Después de casi un año de estancia en la cárcel, el defensor yaqui Fernando Jiménez Gutiérrez recuperó anoche su libertad. Organizaciones civiles celebraron la liberación pero advirtiron que también el vocero de la tribu, Mario Luna Romero, debe ser excarcelado.
Hace cuatro días, el Tribunal Colegiado del Tercer Distrito Penal resolvió que la revisión del caso solicitada por un agente del Ministerio Público era “inoperante” y confirmó la decisión del Juzgado de Distrito que desde febrero otorgó la libertad a Fernando Jiménez, aprehendido el 23 de septiembre de 2014. Con esta decisión, consideró el abogado de los yaquis, Javier Mejía, también deberá quedar libre Mario Luna.
En el contexto de las movilizaciones en contra del Acueducto Independencia, megaobra que despoja a la tribu yaqui del agua que por ley les pertenece, Mario Luna Romero fue detenido el 11 de septiembre de 2014; Jiménez Gutiérrez, el día 23. Ambos fueron trasladados a Hermosillo, pero a penales diferentes. El auto de formal prisión se dictó a pesar de que los abogados sostienen que el juez lo hizo de forma ilegal. Jiménez advirtió a la revista Desinformémonos que el encarcelamiento es una forma en que el gobierno pretende “frenar las manifestaciones de rechazo a las políticas de despojo que lleva a cabo el gobierno de Sonora”.
En enero de 2015 Mario Luna Romero fue notificado la sentencia favorable en materia de amparo, donde se reconoce que en la emisión del auto de formal prisión en su contra no se verificaron las pruebas de descargo que la defensa aportó. El Procurador de Justicia estatal recurrió la sentencia, dilatando los tiempos para que pueda ser dejado en libertad. Fernando obtuvo un recurso que ordeneba su libertad desde abril de 2015, pero también fue obstaculizado por las autoridades.
El Acueducto Independencia es una obra promovida desde el año 2010 por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías, acusado de construir una presa ilegal en sus terrenos. La intención, declaró entonces el gobernador, era llevar agua de la presa El Novillo hacia la capital sonorense, Hermosillo, para paliar la falta del líquido para consumo humano. En realidad, han denunciado los yaquis, se destinaría a las industrias establecidas en esa ciudad, como cerveceras y ensambladoras de autos. La tribu yaqui es titular del 50 por ciento de las aguas y escurrimientos del río Yaqui, que alimenta a la presa El Novillo. A pesar de todas las sentencias judiciales en su contra, ganadas tanto por los indígenas como por los grandes agricultores del Valle del Yaqui, el acueducto está en funcionamiento.
En un mensaje hecho público el 1 de abril, Fernando Jiménez señaló que “seguimos en pie de lucha en defensa de las aguas del sagrado Río Yaqui, que sigue siendo extraída ilícitamente por el gobierno estatal ante la complacencia y complicidad del gobierno federal”.