* Comuneros de Ostula alertan de un posible nuevo operativo de “desarme”, anunciado por el gobernador electo.
Ciudad de México, 27 de agosto de 2015. “¿Por qué no se castiga a los militares que matan a nuestros niños?”, cuestionó Nicolás Flores Lugardo, Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad nahua de Santa María Ostula, en Michoacán. Autoridades comunitarias, acompañadas de organizaciones de derechos humanos y defensores legales, denunciaron que, a más de un mes del operativo conjunto del 19 de julio en el que fue asesinado el niño Hidelberto Reyes García, no solamente se les niega la justicia, sino que existe la amenaza de un nuevo operativo en su contra, mientras el comandante de su policía comunitaria, Cemeí Verdía, sigue en prisión.
El abogado defensor de la comunidad, Raymundo Ortiz, informó que el resultado final del ataque de fuerzas federales y estatales contra la comunidad fue de un niño muerto y 18 personas heridas, incluyendo a un adolescente que aún tiene alojada una bala en su cuerpo. Resaltó que, de acuerdo con los estudios periciales del caso, la bala que asesinó al menor provino de la altura que tienen los camiones militares, y las declaraciones de los policías estatales señalan que los elementos castrenses realizaron los disparos.
Ortiz denunció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha negado a entregar a la Procuraduría General de la República (PGR) la información sobre los elementos y los mandos que intervinieron en el operativo, así como a someter a análisis las armas utilizadas ese día. El ataque contra los comuneros fue por ira de los militares, sostuvo, pues ya habían logrado traspasar el bloqueo de los lugareños cuando comenzaron a disparar.
A pesar del resultado mortal del operativo conjunto, el hostigamiento en contra de la comunidad no se ha detenido, denunciaron los comuneros en conferencia de prensa. Alertaron de la creación de grupos de choque en las comunidades vecinas e informaron que el gobernador electo, Silvano Aureoles, advirtió que realizará un operativo de “desarme” contra civiles. Precisaron que Ostula tiene su guardia comunitaria ancestral por usos y costumbres y que ésta debe ser respetada.
Los comunitarios denunciaron que los gobiernos federal y estatal incumplieron acuerdos tomados con la comunidad. También insistieron en que el comandante de su policía comunitaria, Cemeí Verdía, sigue preso a pesar de que el delito en su contra es falso. “Nuestro compañero sigue preso porque dos jueces se han declarado incompetentes para conocer de su caso” y el traslado del expediente se ha demorado más de 15 días, detallaron. Hay al menos cinco órdenes de aprehensión más contra los nahuas.
Cristian Chávez, de la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI), señaló que en las medidas cautelares interpuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pidió la seguridad de las autoridades comunitarias, la desmilitarización de la zona, la investigación del ataque del Ejército y que las medidas se extiendan a toda la comunidad, que ha sido blanco de la delincuencia organizada por su riqueza natural y mineral (explotada por la minera Ternium).
Gerardo de la Rosa, del equipo de apoyo a la comunidad, resaltó que en la defensa del territorio de Ostula 34 comuneros han sido asesinados y 6 desaparecidos a manos del cartel de Los Caballeros Templarios.