* A once meses de la desaparición forzada de los 43 jóvenes aspirantes a profesores no hay certeza alguna de su paradero.
Ciudad de México, 26 de agosto de 2015. El trabajo realizado hasta el día de hoy por las y los integrantes del Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para coadyuvar en el caso Ayotzinapa, muestra dos aspectos centrales para la investigación de uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos en México: que ésta no puede ser cerrada aún, pues a casi un año de lo sucedido no hay certeza alguna del paradero de los 43 jóvenes aspirantes a profesores, y que se necesita un plazo más amplio para que concluyan un trabajo que beneficiará no solamente a las víctimas y sus familiares, sino a la sociedad en su conjunto.
Los integrantes del GIEI, designados de entre las propuestas del Estado mexicano y de los representantes de las víctimas, iniciaron su periodo de seis meses de trabajo en México el 2 de marzo de este año. Alejandro Valencia Villa, de Colombia; Ángela Buitrago, de Colombia; Francisco Cox Vial, de Chile; Claudia Paz y Paz, de Guatemala, y Carlos Martín Beristain, de España, son expertos en cuestiones clave para descifrar lo ocurrido con los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, como la investigación del contubernio entre el crimen organizado y las autoridades formalmente constituidas, genocidios, Comisiones de la Verdad y trabajo con víctimas de graves violaciones a derechos humanos.
El grupo de expertos, es necesario recordar, se conformó fruto del acuerdo entre representantes del Estado mexicano, familiares de las víctimas y las organizaciones acompañantes. Entre sus facultades y mandato se encuentra el evaluar la calidad de la investigación realizada por las autoridades mexicanas; valorar la capacidad de respuesta del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas en general, y particularmente en el caso de los 43; examinar la calidad de la atención a las víctimas y calificar la política en materia de desaparición forzada.
Con acceso a los detenidos, al expediente y a la evidencia, los informes de los expertos rendidos mes a mes, en los que consignan públicamente los avances en las cuatro líneas de su mandato, nos permiten ya avizorar algunos elementos que advierten que estamos todavía lejos de encontrar la verdad y la justicia en este caso.
El primer elemento a resaltar es que de los más de cien detenidos, ninguno ha sido imputado por el delito de desaparición forzada, aun cuando este encaja perfectamente en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Las y los expertos recomendaron, desde el primer momento, que se encuadraran las acusaciones dentro de esta lógica, pero no se ha hecho.
En segundo lugar, pero de forma no menos importante, se desprende que no hay un móvil sólido que explique la desaparición masiva de los jóvenes. La argumentación de la PGR para justificar la verdad oficial no encuentra sustento con pruebas de por medio, más allá de las declaraciones de los presuntos sicarios que, por cierto, han referido tortura a manos de las autoridades mexicanas.
El Grupo ha resaltado también la necesidad de ampliar las líneas de investigación que se siguen actualmente. Los testimonios de algunos detenidos refieren que habría colusión de autoridades y criminales no sólo en Iguala, sino en nueve municipios más e incluso con integrantes del Congreso guerrerense.
Del análisis de los informes del GIEI se puede concluir que el exprocurador Murillo mintió al decir que no hay elementos para imputar responsabilidad alguna al Ejército. También la CNDH ha informado en este sentido: hay al menos nueve elementos castrenses a los que habría que citar por su presunto conocimiento y omisión ante la colusión de autoridades con el crimen organizado. La aclaración de este aspecto es sumamente importante para la investigación y para la política de Estado ante este tipo de ligas delincuenciales.
Y en las revelaciones más recientes, el GIEI expuso la destrucción o evasión de evidencia importante para establecer la mecánica de la desaparición, como el video del Palacio de Justicia local y la integración a la averiguación de la ropa de los normalistas hallada en los autobuses.
Es importante resaltar que las y los integrantes del Grupo tienen facultades para entrevistarse con todos los involucrados en el caso. Así lo han hecho al visitar y hablar con más de 70 de los 106 presuntos responsables, así como con sobrevivientes, testigos y familiares. Lamentablemente, la respuesta del gobierno para que se hiciera lo mismo con los elementos del Ejército fue negativa, ofreciendo una opción que no permitiría a los expertos atestiguar las respuestas de los entrevistados.
Las y los expertos, que rendirán su informe final el 6 de septiembre, no han concluido su importante labor y solicitaron la ampliación de su mandato. A esta petición se han unido organizaciones civiles y los propios familiares de las víctimas. El Estado deberá dar una pronta respuesta, que será muestra de si mantiene la voluntad política que imperó cuando se aceptó la participación de la CIDH o si decidió cerrar los caminos para la verdad y la justicia.
* Artículo publicado originalmente en Animal Político
Hoy, los padres y madres de los normalistas recorren embajadas en la Ciudad de México solicitando que se alargue el mandato del Grupo de Expertos, reiterando su llamado a la verdad y la justicia e invitando a la movilización para el próximo 26 de septiembre.