* Revocan reserva por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos.
Ciudad de México, 20 de agosto de 2015. Por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) revocó la reserva de doce años decretada por la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las averiguaciones previas en que se relaciona al ex presidente Luis Echeverría Álvarez con las masacres del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971. La dependencia federal deberá entregar versiones públicas de las investigaciones.
Las averiguaciones previas sobre los hechos registrados el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 -PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002- actualmente están en los expedientes números SEIDF/CGI/262/2007 y SEIDF/CGI/260/2007, en los que se indaga la probable responsabilidad de terceras personas. La PGR, ante el requerimiento de información por parte de un particular, alegó que los documentos eran parte de en una averiguación previa en trámite, y les otorgó el caracter de «reservado» por doce años. El requiriente de información se inconformó ante el Inai.
La comisionada presidente, Ximena Puente – a cargo del caso-, consideró que la PGR sí cuenta con documentos que puede atender lo solicitado por el particular y la que no puede argumentar una imposibilidad material para entregarla. Además, aplica el supuesto de excepción establecido en la Ley de Transparencia, que establece que “no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de las investigaciones de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”. En los dos casos, la averiguación actual es por genocidio.
Las y los comisionados consideraron que la publicación de las versiones públicas de las averiguaciones previas permite a la sociedad conocer la verdad de lo ocurrido, con el fin de evitar que estos hechos vuelvan a suceder.
El comisionado Joel Salas señaló que ya no es posible continuar con la denegación sistémica del “derecho a la verdad. La justicia y la reparación del daño de las víctimas de desaparición forzada, tanto durante la guerra sucia,como los que se han multiplicado sensiblemente ante la creciente violencia que vive el país, obliga a que de manera activa la ciudadanía establezca un control ciudadano de las instituciones de seguridad y la rendición de cuentas a través del derecho a la verdad”. El comisionado Oscar Guerra Ford argumentó que “es importante que la gente sepa que el acceso a la información sirve también para hacer efectivo el derecho a la verdad de los acontecimientos históricos”.