* Es también una condena a la militarización de Nuevo León, señala CADHAC.
Ciudad de México, 19 de agosto de 2015. Con la sentencia a 31 años y 3 meses de cárcel a un subteniente del Ejército por el delito de desaparición forzada en el municipio de Los Herreras, emitida ayer por un juez de Monterrey, Nuevo León, se da «un golpe a la impunidad», consideró la organización civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).
La organización informó que la sentencia dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia Penal, Eustacio Salinas Wolberg, representa una condena a la política de militarización que ha sufrido Nuevo León. «Se trata de la primer vez que un juez emite una sentencia por desaparición forzada por hechos ocurridos en Nuevo León», resaltaron.
La víctima fue privada de su libertad en el municipio de Los Herreras, Nuevo León, el 20 de mayo de 2012, y hasta la fecha se desconoce su paradero. La causa penal 104/2013 arrojó que el condenado responde al nombre de Danny Hernández Sánchez, quien además fue destituido del Ejército e inhabilitado por 15 años y tres meses para el servicio público.
«En el reporte al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU realizado en 2014, México señaló que existen en el país seis sentencias condenatorias a nivel federal por la comisión del delito de desaparición forzada. Entre 2006 y 2013 se iniciaron a nivel federal 99 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada y a nivel de las entidades federativas se iniciaron 192 averiguaciones por el mismo delito», destacó la organización civil. CADHAC informó que a nivel local existen procesos que se llevan por desaparición forzada, pero hasta el momento no han pronunciado sentencias condenatorias.
En 2012, CADHAC y la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos (AMORES) empujaron la tipificación del delito de desaparición forzada en Nuevo León. En 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los miembros de las fuerzas armadas que cometan crímenes contra civiles deberán ser procesados por jueces que no formen parte del fuero castrense.
«Desde CADHAC consideramos que la justicia es esencial para que exista un verdadera reparación de daños hacia las miles de víctimas de la violencia social que desde hace años se vive en México», finalizaron.