* Familiares de Julio César Mondragón exigen exhumación de su cuerpo y nuevas pruebas.
Ciudad de México, 18 de agosto de 2015. En la investigación oficial sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa hay fallas «graves y preocupantes», como pérdida y posible destrucción de videos donde se registraría la detención de los jóvenes y no integración al expediente de ropa hallada en los autobuses que los transportaban, resaltó el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para coadyuvar en el caso.
Además de las fallas detectadas, el gobierno no les permitió entrevistar presencialmente a los elementos del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, Guerrero. Las autoridades les ofrecieron respuestas por escrito a un cuestionario enviado de la misma manera, lo que los expertos rechazaron pues eso significa que no tienen el control de cómo se responde, de qué se responde, ni la posibilidad de que se precisen puntos que vayan saliendo durante la declaración. Insistieron en que se han realizado ya entrevistas con otros involucrados en el caso sin que se les hayan impuesto las condiciones que se piden para que se haga lo mismo con los elementos castrenses.
Las y los expertos de la CIDH informaron que encargaron peritajes independientes sobre aspectos claves para la averiguación, como las necropsias practicadas a los estudiantes Daniel Solís, Julio César Ramírez y Julio César Mondragón Fontes, en los que se encontró que no fueron evaluadas lesiones que aparecen en el informe original. Los resultados de otros peritajes independientes, como de escena del crimen y dinámica de fuego en el basurero de Cocula, se incluirán en el informe final.
Ayer mismo, acompañantes y familiares de la familia de Julio César anunciaron que solicitaron la exhumación de sus restos para que se relice una re-autopsia a manos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), pues» los trabajos realizados durante las diligencias de levantamiento de cadáver y necropsia de ley fueron parciales y omitieron señalar, estudiar evidencia y datos que se tenían a la vista. Los peritos ocultaron información y apresuraron conclusiones». «Entre las cuestiones que una nueva posible autopsia debería analizar están la causa y valoración de las fracturas craneales, otras fracturas no descritas, así como las huellas en los huesos de la cara de posibles artefactos o de caninos que dejan señales características», explicó el GIEI.
El grupo precisó que la identificación de la ropa de los jóvenes que harán sus padres y madres -previa preparación psicológica- contribuirá a que se identifique con nuevos datos el lugar en que se encontraban algunos normalistas cuando fueron detenidos y desaparecidos y otras circunstancias de los hechos.
El GIEI saludó la realización de reuniones entre la procuradora Arely Gómez y el secretario de Gobierno Miguel Osorio Chong con los familiares, así como los nuevos testimonios otorgados por los normalistas sobrevivientes.
En cuanto a otra rama de su mando, el grupo informó que la Segob proporcionó recientemente al GIEI un anteproyecto de la futura ley sobre personas desaparecidas.»El Grupo hizo un estudio detallado de dicho borrador y dio al gobierno un conjunto de recomendaciones sobre las diferentes partes de dicha ley. Las recomendaciones del GIEI se refieren tanto al contenido como al proceso de consulta y participación de las víctimas y organizaciones que tienen experiencia en dicha problemática», explicaron.
Los resultados presentados son parte del informe del quinto mes de trabajo del GIEI, a dos semanas de que concluya el plazo acordado para su trabajo.El informe final del grupo se presentará el día 6 de septiembre; en él dará cuenta de su trabajo, de los hechos que ha investigado, de la evaluación de la investigación del caso, de los aspectos relevantes del trabajo y la experiencia de las víctimas, así como sobre las recomendaciones para el caso y para la problemática general de la desaparición de personas en México, como señalan los cuatro puntos de su mandato. «Esperamos que ese informe sea una contribución importante tanto para las autoridades como para las víctimas y familiares y la sociedad mexicana, y la defensa de los derechos humanos en el país», indicó el grupo.
Las y los expertos anunciaron que hay pláticas entre la CIDH, el gobierno federal y representantes de los familiares para poder prorrogar el mandato del grupo, lo que podría definirse esta misma semana.