* Visitan defensores al preso.
Ciudad de México, 14 de agosto de 2015. El retraso de la resolución que podría devolver la libertad al líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui Muñoz, que estaba prevista para hoy, es parte de las presiones que la empresa que ha sacado recursos pétreos de manera ilegal de la comunidad realiza contra magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero señalar(TSJ), consideró Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TdT), que agrupa a más de 70 organizaciones defensoras de derechos humanos.
El 12 de agosto, representantes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo la Red TdT, el Centro Prodh, Servicios y Asesoría para la Paz, la Coalición Internacional Hábitat – América Latina y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, visitaron en el Penal de La Unión de Montes de Oca a Suástegui Muñoz. Las y los representantes visitaron también a magistrados a cargo de resolver el recurso de apelación dentro de la toca penal VI-459/2014, en la que se le imputa al vocero campesino el delito de robo.
El 17 de junio de 2014, Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero de la CECOP, fue detenido bajo los cargos de homicidio en grado de tentativa y robo calificado, a lo que se sumaron los cargos de lesiones y despojo simple, por lo que el defensor del territorio fue recluido en un penal de máxima seguridad en Nayarit y posteriormente trasladado a Guerrero.
Además de encabezar la oposición a la presa La Parota, que inició en el año 2003, Suástegui ha acompañado a las comunidades en su oposición a la extracción de recursos pétreos de las márgenes del río Papagayo.
Las organizaciones de derechos humanos reiteraron que la detención del integrante del CECOP es un método de criminalización para obstruir su labor como defensor comunitario. Durante su visita, conocieron el impacto que ha tenido en su persona la serie de violaciones de derechos humanos a la que fue sujeto, desde su detención, así como de su traslado ilegal al Penal Federal de Nayarit en el que fue sujeto a tratos crueles e inhumanos y donde su salud se deterioró; así como las evidentes violaciones a su derecho a una defensa adecuada y al debido proceso. De igual forma, escucharon sus preocupaciones por su seguridad. Reiteraron su apoyo incondicional al defensor comunitario y se comprometieron a impulsar su libertad.
Las y los defensores reiteraron su preocupación por el “uso faccioso” en la aplicación de la justicia en el estado de Guerrero, “como lo ejemplifica el proceso penal contra Marco Antonio Suástegui, donde las decisiones unilaterales del Ejecutivo de imponer por encima de 5 resoluciones judiciales y de la voluntad de los pueblos mega proyectos como la presa La Parota, contemplada ahora en el Plan Nuevo Guerrero”.
* Con información de El Sur