* Piden organizaciones establecer un contenido mínimo de la Ley y un mecanismo de participación de la sociedad.
Ciudad de México, 13 de agosto de 2015. Para que la futura Ley General contra la Tortura no se traduzca en “cambios cosméticos que resulten insuficientes para erradicar esta práctica que fomenta la fabricación de culpables, la falta de investigaciones serias, además de provocar graves daños a las víctimas y sus familias”, organizaciones hicieron un “enérgico llamado” al gobierno federal para que retome los estándares internacionales y los aportes de expertos y expertas en el tema desde la academia y la sociedad civil.
En el comunicado firmado por organizaciones como Amnistía Internacional México, Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), además de expertos como Miguel Sarre –cuya candidatura al Comité contra la Tortura de la ONU fue recientemente retirada por el gobierno mexicano-, se considera que como una responsabilidad fundamental del Estado, en la nueva ley deben establecerse salvaguardas frente a la tortura y malos tratos “y debe asumirse como una política que comprometa la acción integral de éste. En esa medida, no debe depender de las contingencias políticas inmediatas y debe tener objetivos claros y verificables a corto, mediano y largo plazo”.
Las y los firmantes resaltaron que un ejercicio democrático en este proceso “exige desarrollar mecanismos de participación efectivos donde se argumenten y discutan propuestas de Ley General contra la Tortura sin matices políticos para el debate”.
La discusión de esta Ley proviene de que, tras la presión de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, el 10 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 73, con la que se facultó al Congreso a expedir leyes generales en diversas materias, entre ellas tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En los siguientes 180 días a su entrada en vigor se debe expedir la Ley General en la materia.
La reforma, indicaron las organizaciones y expertos, “se da en medio de una profunda crisis de derechos humanos, donde el Gobierno Federal ha minimizado la gravedad del uso generalizado de la tortura y otros malos tratos, acompañado de la impunidad que existe en la casi totalidad de los casos”. Para ilustrarlo, refirieron que la Procuraduría General de la República recibió 4,055 denuncias por el delito de tortura entre los años 2006 y 2014, de las cuales los fiscales solamente han decidido abrir investigaciones en mil 884 casos, de los cuales tan solo 11 han llegado a la consignación. “Al momento, solamente se tiene registro de 5 sentencias firmes en todo el país por el delito de tortura, según fuentes oficiales”, lamentaron.
“Es fundamental asegurar que nadie quede impune por cometer estos abusos en México. De lo contrario, es difícil dar credibilidad a las muestras de voluntad de las autoridades, pues la efectividad del gobierno para abordar la problemática está en su capacidad de mostrar resultados. Con la elaboración de esta ley, México tiene la oportunidad de dar un paso importante en los esfuerzos por garantizar que las víctimas y sobrevivientes de tortura, puedan obtener justicia, verdad y reparación. Pero, además, la creación de un marco jurídico enfrenta el reto de generar una política pública integral que se ocupe de los diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas, así como de crear un adecuado sistema nacional para monitorear las condiciones de detención en todo el país”, finalizaron.