* Recluídas en Chiapas, las autoridades las acusan de trata de personas.
Ciudad de México, 07 de agosto de 2015. Una veintena de mujeres migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala, recluídas en el penal de Tapachula, Chiapas, iniciaron ayer una huelga de hambre para protestar por la fabricación del delito de trata de personas en su contra.
Las migrantes acusaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado y al Tribunal de Justicia de prefabricarles delitos para simular cifras y seguir obteniendo recursos de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), instancia con la cual el gobierno chiapaneco tiene un convenio.
A partir de 2009 y en el marco del convenio entre el gobierno estatal y la UNODC -parte de la campaña “Corazón Azul contra la Trata de Personas»- se iniciaron operativos en bares y cantinas de la ciudad fronteriza con Guatemala. Las mujeres detenidas prestaban el servicio de meseras, “ficheras” o cocineras en estos lugares, y acusaron que fueron detenidas de forma arbitraria -algunas hace cuatro años y otras en el marco de las capturas más recientes.
En un documento dirigido a Ban Ki Moon, secretario general de las ONU, y a Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las mujeres expusieron los casos de las mujeres presas en el penal. Luis Rey García Villagrán, del Centro por la Dignificación Humana, señaló a Proceso que “en todos los casos la PGJE no ha podido configurar el delito de trata, y mucho menos del delito de tentativa de trata, pues no hay consumación del requerimiento de esta esclavitud”.
El defensor aclaró que en ningún caso se secuestró o engañó a las supuestas víctimas de trata, y que éstas ejercían, en algunos casos, ‘la fichada’ y en los menos la prostitución, además de que nunca estuvieron restringidas de su libertad; indicó que tampoco se comprobó que hayan sido “enganchadas” contra su voluntad en alguna región o bien reclutadas forzosamente por un grupo delincuencial. García Villagrán señaló que en todos los casos la PGJE argumentó que sus capturas derivaron de supuestas denuncias anónimas.
Se unieron a la manifestación Karen Vallecillo, Deyra Elizabeth y Santa María Rosales, quienes también estuvieron presas acusadas de trata de personas, sin embargo, lograron demostrar la “fabricación” de delitos.