La Sedena se contradice respecto de las armas que se utilizaron en Iguala contra normalistas/ La Jornada A partir de la revelación de que rifles de asalto alemanes Heckler & Koch calibre 223 fueron utilizados en septiembre del año pasado, durante la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ordenó a las corporaciones policiacas de Jalisco, Chihuahua, Guerrero y Chiapas que le entregaran esas armas y las sustituyó por otras de igual calibre, confirmaron fuentes oficiales. Con esta decisión la Sedena incurrió en contradicciones, ya que, apenas en mayo pasado y en respuesta a una solicitud de información, la dependencia aseguró que no lleva un registro ni da seguimiento a las restricciones que imponen otros países para la venta de armas a México, por lo que se deslindó de la forma en que la empresa alemana vendió las armas, a pesar de que por ley, esta dependencia es la encargada exclusiva de importar y vender pertrechos a las corporaciones policiacas estatales y municipales.
El polvorín de Veracruz/ El País El 20 de septiembre de 2011, a las cinco de la tarde, seis furgonetas cortaron el tráfico en la carretera de Boca del Rio, una de las zonas turísticas más populares de Veracruz. Abrieron las compuertas y colocaron sobre el asfalto 35 cadáveres y un mensaje: “Aquí yace el Ferras y su corte real”. Veracruz, en el Golfo de México, ha sido uno de los Estados más azotados por el crimen organizado durante los peores años de la guerra contra el narcotráfico. Una economía bendecida por el petróleo y su condición de ruta de paso para el envío de droga a la costa este de EE UU lo convirtieron en un jugoso pastel para las mafias. Descabezada la organización que operaba en el territorio, los Zetas, los episodios de horror espectacular han menguado. Pero Veracruz sigue siendo uno de los estados más violentos de México.
Ordenan a Sedena entregar estadísticas sobre desapariciones forzadas desde 1960/ Proceso El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar a un particular información estadística sobre desapariciones forzadas, de 1960 a febrero de este año. El particular requirió a la Sedena estadísticas o cualquier registro sobre número de hechos investigados por la Procuraduría General de Justicia Militar, número de sentencias expedidas, número de ofendidos o víctimas por cada evento y su sexo, número de elementos sentenciados por cada evento y el estado del país en donde sucedieron los hechos en cada investigación abierta. La dependencia militar respondió a un particular que requirió la información, que no la encontró en sus archivos “por tratarse de hechos de competencia del fuero común o federal”. El pleno revocó la respuesta de la Sedena y le instruyó a que realice una nueva búsqueda de la información solicitada en todas sus unidades administrativas competentes y la entregue al recurrente.
Requieren disculpa a PGR y Chihuahua/ Reforma La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la PGR y al Gobierno de Chihuahua por la muerte de una niña ecuatoriana de 12 años de edad, en la que exige una disculpa pública. En su Recomendación 22/2015, el organismo acreditó que Jhoselin Noemí Álvarez Quillay fue detenida el 6 de marzo de 2014 en Ciudad Juárez, junto con un hombre que la trasladaba de manera ilegal a Estados Unidos para reencontrarla con sus padres. Bajo la tutela del Estado mexicano, a través del DIF local, la niña fue internada en un albergue subrogado donde no recibió la atención psicológica necesaria, ni se revisó de forma oportuna su estado emocional. El 8 de marzo, la menor fue hostigada y maltratada por el agente del Ministerio Público federal, quien le tomó su declaración. Dos días después, su cuerpo fue encontrado con rastros de asfixia por ahorcamiento autoinfligido, así como con evidencias de violación sexual previa a su detención.
Revelar datos de telefonía móvil no viola la Constitución: juezas/ El Financiero La decisión de dos juezas de Distrito podría abrir la posibilidad de que autoridades obtengan información, sin orden de judicial de por medio, relacionada con el uso de la telefonía móvil. Silvia Cerón y Rafaela Franco, juezas especializadas en telecomunicaciones resolvieron que la entrega de dicha información en esas condiciones por parte de las empresas telefónicas es Constitucional. Dijeron que dicha obligación prevista en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, vigentes desde el 8 de agosto de 2014, no violan la Constitución pues la información que debe entregarse nada tiene que ver con el contenido de la llamada, sino con el uso de los aparatos móviles.
Familiares de presos políticos se reúnen con diputados; los urgen a aprobar la ley de amnistía/ Sur de Acapulco Familiares de presos políticos urgieron de forma muy sentida la libertad de sus detenidos por medio de una ley de amnistía a un grupo de diputados displicentes. Dos diputadas se retiraron antes y el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, atendió otros asuntos en medio de la audiencia que comenzó después de hora y media de espera. Tras escuchar las intervenciones, algunas con traducciones de tún savi (lengua mixteca) a español, y reclamos por la desatención, el diputado del PT, Jorge Salazar Marchán, consideró que los familiares fueron llevados con engaños al Congreso, y el propio gobernador Rogelio Ortega Martínez, engañó a los diputados, si como dijeron en la mesa, envió al Congreso una iniciativa de ley de distinta a la que elaboró con las organizaciones y familiares. Además, explicó que una ley de aministía local obliga a la creación de una ley de amnistía federal y en este sentido dijo: “seguro (la federación) tiene agarrado al gobernador… de los centavos”.
Ley de Borge decide, desde hoy, quién es periodista y quién no; ejemplo: Rubén Espinosa no era/ Sin Embargo El Congreso de Quintana Roo aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, impulsada por el gobernador priista Roberto Borge Angulo, que contiene disposiciones restrictivas para el ejercicio periodístico, que de acuerdo con la organización Artículo 19, constituye “un acto de simulación” de un gobierno que continúa agrediendo a periodistas críticos e independientes. La legislación fue aprobada el pasado lunes por el Congreso estatal en un contexto de agresiones contra la prensa por parte del gobierno de esa entidad, que encabeza el priista Borge Angulo. El último de estos casos fue la detención del periodista maya Pedro Canché Herrera quien fue liberado el pasado 29 de mayo tras acusado sin algún sustento de sabotaje. En 2014, Quintana Roo fue la segunda entidad con mayor número de agresiones a la prensa debajo del Distrito Federal, donde este fin de semana fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, y por arriba de Veracruz, el estado que concentra más asesinatos de periodistas.
Mi río, mi cuerpo… contaminados con arsénico por Grupo México/ Másde131 La primera irregularidad detectada es la causa del derrame, la minera asegura que se debió al exceso de lluvias sin embargo dos indicios apuntan al contrario, el primero es que la estación climatológica de Bacánuchi registra un mínimo de precipitación pluvial (0.5 mm) ese día. Otro dato, la versión que PODER obtuvo mediante el Sistema de Acceso a la Información donde Buenavista del Cobre refiere que: “El sistema hidráulico se encontraba en reparación y además el represo no tenía ningún tipo de válvula”. (Acta de inspección número PFPA/3.2/2C.27.500040-2014-AI-SON). En la misma investigación refiere que la parte de la mina donde ocurrió el derrame se encontraba al 50% de construcción, además de que no contaban con sistema de detección ni de control de derrames. Esto significa que la empresa estaba operando sin los mínimos requisitos que le exige la ley ambiental.
Empresa busca que Tepatlán acepte hidroeléctrica Puebla 1/ Municipios Puebla Para cambiar la decisión de los pobladores de San Felipe Tepatlán que rechazaron la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1 en las aguas del río Ajajalpan, empleados de la empresa Deselec-Comexhidro empezaron a reunirse con algunos de los inconformes e invitarlos a conocer la planta que construyeron en la Sierra de Zongolica en Veracruz. Lo anterior fue informado por Juan Sergio Rivas y otra persona que dijo llamarse “Fernando” y ser el encargado de administrar el área financiera del proyecto, quienes se excusaron de dar mayores datos con el argumento de que se trataba de una reunión privada.
La CNDH pide medidas cautelares para ‘Presente’, el semanario veracruzano atacado/ Animal Político Un día después del atentado contra las instalaciones del semanario veracruzano Presente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno estatal aplicar medidas cautelares a favor de los colaboradores de la publicación. El objetivo de las medidas cautelares solicitadas es evitar otro acto intimidatorio que impida al semanario o a sus trabajadores ejercer la libertad de expresión, explicó la CNDH a través de un comunicado emitido este miércoles 5 de agosto.
Treinta kilómetros en treinta horas por el derecho a la educación en México/ Desinformémonos Quedan pocos días para que las universidades del Distrito Federal empiecen las clases, y el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) se ha vuelto a lanzar a la calle con una marcha de 30 horas que recorrerá varias centros educativos y que acabará en la Secretaria de Educación Pública. Al menos 200 mil jóvenes se han quedado este año fuera, en sus aspiraciones de cursar una carrera en una facultad. La marcha sale de la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana para terminar en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Los excluidos harán un campamento en Parque Hundido por la noche y el día siguiente marcharán a las instalaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pasando por el casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico, y acabando en la SEP.