* Organizaciones internacionales expresan su apoyo a los opositores al gasoducto.
Ciudad de México, 31 de julio de 2015. Investigadores, defensores de derechos humanos y pobladores recorrieron esta semana cuatro puntos cercanos a la ciudad de Tlaxcala para constatar las «situaciones graves» generadas por la construcción del Proyecto Integral Morelos, entre ellas la presencia de Policía Federal en las inmediaciones del gasoducto Morelos.
Al mismo tiempo, cerca de una veintena de organizaciones internacionales se solidarizaron con los pueblos opositores al megaproyecto y denunciaron que el Estado mexicano «ha intensificado las agresiones contra las comunidades, principalmente indígenas, para imponer proyectos de muerte, como bien los denominan las comunidades afectadas». Especialmente destacaron el caso de las comunidades de San Vicente Xiloxochitla, San Jorge Tezoquipan, La Trinidad Tenexyecac y San Damián Texoloc, en el estado de Tlaxcala, «en las que la maquinaria y el personal de Enagás, Elecnor y Bonatti han ingresado ilegalmente, acompañados por las policías federal, estatal y municipales, para intimidar a la población y forzarla a ceder sus tierras en ‘servidumbre’ para la instalación del gasoducto Morelos, que pretende atravesar los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos».
El Proyecto Integral Morelos (PIM), de carácter energético, involucra a los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala; es la punta del iceberg del proceso de industrialización y minero en la zona oriente del estado de Morelos. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la responsable del proyecto, en el que se invertirán mil 600 millones de dólares que se concesionó a las empresas Elecnor, Enagas y Abengoa.
En el diseño del PIM se involucra a 80 pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala; consiste en la construcción de dos centrales termoeléctricas de ciclo combinado de 620 megavatios (MW) cada una, ubicadas en la comunidad de Huexca, Morelos; un gasoducto de 160 kilómetros que transportará 9 mil 61 millones de litros de gas al día y cuyo trazo atraviesa a 60 pueblos de estos estados; y un acueducto que transportará 50 millones de litros de agua al día a través de 19 pueblos del municipio de Ayala, Morelos. La imposición de este proyecto causó un descontento social de gran magnitud en los tres estados, organizado en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDT-MPT).
Las organizaciones internacionales lamentaron que a pesar de que instancias técnicas y académicas especializadas han expresado su oposición a la construcción del gasoducto por atravesar zonas de riesgo eruptivo del volcán Popocatépetl, así como zonas habitadas y zonas de riesgo de explosiones, «las autoridades mexicanas —violentando los derechos fundamentales de las comunidades, el principio de prevención y el derecho internacional de los derechos humanos y de los pueblos indígenas— actúan como fiadores de la impunidad de empresas como Bonatti, Elecnor y Enagás».
Ejemplificaron que tan sólo en el caso de la española Enagás, su internacionalización está vinculada a su participación en proyectos controvertidos alrededor del mundo, incluyendo un fallido almacén geológico de gas que causó más de 500 terremotos en su periodo de prueba y cuyo costo le será cargado a los ciudadanos españoles.
Además de exigir la cancelación del gasoducto y el alto a la criminalización de los pueblos, las organizaciones internacionales condenaron «la violencia encubierta que realizan, por medio de las autoridades mexicanas, empresas europeas como Enagás, Elecnor y Bonatti para despojar a las comunidades opositoras al Proyecto Integral Morelos». Demandaron que el Parlamento Europeo y el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas —en el marco del proceso de elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas trasnacionales y otras empresas basado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos— investigue a fondo las violaciones a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas en que hayan podido incurrir estas y otras empresas europeas en el territorio mexicano y, «en caso de comprobarse éstas, que se apliquen las sanciones correspondientes a las empresas y se ordene la reparación integral de los daños a las comunidades afectadas».