Relevan al comandante del batallón de Iguala vinculado al caso Ayotzinapa/ Aristegui Noticias La Sedena relevó al coronel que estaba a cargo del batallón con sede en Iguala, cuando se registró la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó La Jornada. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) designó el martes al coronel de infantería, Alvaro Javier Juárez Vázquez, como Comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en la localidad guerrerense, en sustitución del coronel José Rodríguez Pérez. Según se informó, Juárez Vázquez proviene del Sexto Batallón de Infantería en el estado de Oaxaca. Desde que ocurrieron los hechos en la ciudad de Iguala, el pasado 26 de septiembre, los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos entonces en ese lugar, aseguraron que efectivos del Ejército Mexicano habrían estado al tanto, sin haber intervenido.
Saturan penales con presuntos culpables/ 24 Horas La mayoría de los internos que están en los centros federales de readaptación social están privados de su libertad sin que se resuelva si son culpables o inocentes, situación que es más común en los penales de máxima seguridad. Al primero de mayo de 2015, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social informó que el total de la población en los 16 centros era de 24 mil 972 personas, de las cuales 11 mil 17 cumplían con alguna condena. En cambio, 13 mil 955 presos estaban sujetos a proceso penal en espera de que el juez les dicte sentencia condenatoria o absolutoria. Es decir, el 55.8 % de los reos están en espera de que sea resuelta su situación jurídica, de acuerdo con los datos obtenidos por 24 HORAS a través de una solicitud de información.
Alistan cambios en protocolo de marchas/ Reforma La Policía del DF prepara un nuevo protocolo de Control de Multitudes para respetar los derechos humanos durante las marchas. El Jefe de la Policía, Hiram Almeida, se reunió con Javier Esteban Hernández, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para desarrollar indicadores que permitan conocer el desempeño de los uniformados. Durante el evento, el Secretario de Seguridad Pública dijo que la corporación trabaja en conjunto con organizaciones civiles, como «Article 19», para la creación del nuevo protocolo, en que se contempla la seguridad e integridad de los medios de comunicación, ciudadanos y manifestantes.
Autorizaría cabildo de La Paz explotación de oro en reserva ecológica/ La Jornada Integrantes de las asociaciones civiles Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida y Agua Vale Más que Oro se manifestaron ayer frente a la presidencia municipal de esta capital contra el proyecto minero Los Cardones, que pretende extraer oro a cielo abierto en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna. El representante de Agua Vale Más que el Oro, Ariel Ruiz Castillo, aseguró que hay indicios de que la empresa promovente, Desarrollos Zapal, filial del grupo Invecture, de Ricardo Salinas Pliego, pretende coptar al cabildo de La Paz para que se le otorgue el permiso de cambio de uso de suelo. Este miércoles decenas de personas se concentraron frente a la sede del ayuntamiento para impedir que el cabildo apruebe el cambio de uso de suelo.
Analizan las fallas de la ley contra la trata/ Excélsior Las responsables de atender el delito de trata de personas en la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) coincidieron ayer en el Senado que la actual ley tiene deficiencias para la atención de las víctimas de este delito y complica la aplicación de castigos a los responsables de este daño. A su vez, una mujer llamada Morelia, quien dijo ser presidenta de la Asociación Proentretenimiento Erótico, dijo a las y los legisladores federales que es lamentable que las autoridades persigan alas profesionales del baile erótico que trabajan por voluntad propia en estas actividades. Actualmente existe una confusión porque los tipos penales no están definidos, se castigan los delitos en materia de trata de personas, pero no la trata en sí, estimaron representantes de la Segob, la PGR, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la CNDH y de asociaciones civiles.
Facundo Rosas es demandando ante PGR por caso Chalchihuapan/ LadoB Este miércoles 29 de julio a las 11:40 de la mañana ingresó a la Oficialía de Partes de la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra Facundo Rosas, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla, por el asesinato de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo el 9 de julio de 2014 en San Bernardino Chalchihuapan. La denuncia llegó en manos de Elia Tamayo, la madre del menor. La denuncia fue presentada por Elia Tamayo, madre de José Luis, y firmada también por el abogado Alejandro del Castillo, encargado legal del caso. Aunque la denuncia estaba preparada desde hace un par de semanas los pobladores de Chalchihuapan no pudieron presentarla sino hasta el día de hoy, un día después de la renuncia del funcionario estatal, lo cual, explicó Alan, es coincidencia. Al presentar la denuncia ante la PGR están agotando todas las instancias nacionales para exigir justicia por el asesinato de un menor que ha permanecido impune pese a haber tenido eco internacional y ser objeto de una recomendación de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra Rosas.
Grupo México calló con dinero de indemnización a políticos de Sonora, acusan mineros y activistas/ Sin Embargo La compañía minera Grupo México repartió los recursos del Fideicomiso Río Sonora a discreción y a los políticos de los municipios afectados por el derrame, para callarlos y dividir a la población, todo con la anuencia de las autoridades federales, denunciaron miembros del Sindicato Minero Sección 65 de Cananea y del Frente Unidos Todos contra Grupo México. “Desde anoche leí la información sobre el reparto de los recursos del Fideicomiso, y lo que puedo decir es se comprueba lo que hemos dicho, que parte de los recursos se dedicó a políticos y a personas relacionadas como autoridad, para que no le movieran mucho al asunto”, dijo Antonio Navarrete Aguirre, miembro del Sindicato Minero Sección 65 de Cananea. Este medio publicó ayer que los siete alcaldes de los municipios afectados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México en el Río Sonora, y sus familiares cercanos cobraron cheques jugosos por resarcimientos de acuerdo con la lista de beneficiarios del Fideicomiso Río Sonora.
Deben implementarse ya acciones derivadas de AVG para Edomex/ Cimac El Gobierno del Estado de México (GEM) debe implementar de manera urgente las acciones que se desprendan de la Alerta de Violencia de Género (AVG) –cuya procedencia fue admitida ayer–, y comenzar con un reconocimiento público de que en la entidad el feminicidio es una realidad que no ha sido debidamente atendida, demandaron organizaciones civiles. Ello luego de que se evidenciara –mediante un informe elaborado por autoridades federales– que en el Edomex los casos de violencia contra las mujeres no se reducen al ámbito familiar, las autoridades locales carecen de un registro adecuado de casos de violencia, y la mayoría de los casos están impunes.
10 meses, 10 reflejos de Ayotzinapa en los pueblos indios/ Másde131 Primer Reflejo: En la “compartición” que pueblos indígenas de todo México tuvieron con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el caracol fronterizo de La Realidad, los ataques y despojos que sufren los pueblos originarios quedaron repartidos en un vitral de “espejos” donde los mismos pueblos pudieran mirarse en el dolor y la esperanza del otro. Segundo Reflejo: Todavía el Estado no atacaba y desaparecía a los 43 alumnos de Ayotzinapa. Sin embargo, en ese entonces cada pueblo ayudó a integrar una lista de indígenas presos, asesinados y desaparecidos. Desde la “Otra Campaña” en el 2006, se intentó configurar esta lista. El objetivo se logró en 2014, pero desde esa fecha más nombres (la prisión de los yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez, el asesinato de niños nahuas en Ostula) deben integrarse al recuento de los agravios.