* El Informe de la CNDH ha venido a confirmar que la PGR se apresuró a construir su verdad oficial sin contar con pruebas para respaldarla cabalmente.
México, DF, 27 de julio de 2015. El informe presentado por la CNDH sobre el caso Ayotzinapa suma fuerza a las voces de organismos internacionales, familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y sociedad en general que reclaman que se corrija el rumbo de la investigación sobre la desaparición forzada, ejecución arbitraria y torturas cometidas contra normalistas de Ayotzinapa y civiles, ocurrida el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
El organismo nacional señaló al caso Ayotzinapa como el más grave conjunto de violaciones a los derechos humanos de cuantos haya memoria reciente en este país. Frente a esto, valoró, la investigación de la PGR no ofrece todavía una respuesta concluyente.
La búsqueda en vida de los normalistas, una de las demandas centrales desde el lado de las víctimas, es respaldada también por la CNDH. Aunque la “verdad histórica” lanzada por la PGR pretendió establecer que el destino final de los jóvenes fue la muerte e incineración en el basurero de Cocula, el informe referido establece que se debe continuar con las acciones de búsqueda “que puedan dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos”. Sumado a ello, el organismo público insistió en que “la naturaleza de la averiguación exige que toda información que pudiera conducir a la localización de los normalistas desaparecidos se investigue exhaustivamente sin descartar ninguna hipótesis sobre el lugar en el que se les pudiera localizar”.
La CNDH recomendó además que rindan su declaración elementos de las policías Estatal, Ministerial del Estado y Federal, así como al menos 9 elementos del Ejército involucrados directamente en lo sucedido entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. De esta manera, el Ombudsman respaldó la demanda de los familiares y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre la pertinencia de profundizar la investigación respecto del Ejército.
Inclusive, la CNDH retomó expresamente los diez puntos por los que las familias han exigido mantener activa la investigación, al señalar que se debe: “Investigar lo que la Representación de los padres de familia, planteó públicamente al dar ‘Diez razones por las que no se puede cerrar el Caso Iguala‘, el día 27 de enero de 2015”.
En suma, el Informe ha venido a confirmar que la persistente lucha por verdad y justicia para Ayotzinapa no ha perdido vigencia ni sustento. No obstante, es preciso puntualizar también queeste documento, publicado a 10 meses de la tragedia, no profundizó en aspectos que la CNDH debe analizar. Será indispensable, por ejemplo, que en el informe final la Comisión examine exhaustivamente las alegaciones de tortura referidas por muchos detenidos, mismas que inevitablemente despiertan dudas sobre la solidez de la teoría oficial del caso. Las autoridades, tanto en voz de la PGR como de la CEAV, respondieron que acatarán las recomendaciones hechas por la CNDH. Y es urgente que lo hagan, pues como señaló la misma Comisión, “la insuficiente actuación de la autoridad ministerial responsable de una investigación, conlleva a que se violen los derechos humanos de las víctimas, afectando el derecho que tienen de conocer la verdad de los hechos, acceder a la justicia, a que se repare íntegramente el daño causado y que se garantice la no repetición del acto”.
A diez meses de los hechos, las grietas en la “verdad histórica” no dejan de aparecer.