* Entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, más de 79 por ciento de las recomendaciones emitidas por la CNDH por privación arbitraria de la vida fueron dirigidas a las fuerzas armadas.
México, DF, 27 de julio de 2015. En el contexto del primer aniversario del caso Tlatlaya, el Centro Prodh presentó su informe «Tlatlaya a un año: la orden fue abatir». El informe da cuenta de la existencia de una orden oficial donde se instruye a la tropa castrense para actuar en la oscuridad a fin de abatir delincuentes.
Se trata de un documento que por sí solo debe generar los mecanismos de investigación que nos brinden a la sociedad una explicación sobre lo sucedido con la masacre de Tlatlaya, pues justo lo que reportaron los elementos de tropa después de los hechos es que habían abatido a 22 civiles.
El informe aporta elementos técnicos sobre por qué una orden con esas características no se sostiene en un estado democrático de derecho, pero de la misma forma no se sostiene en el propio sistema jurídico que sustenta el derecho de guerra, pues de acuerdo con nuestro artículo 29 constitucional hay derechos que no son susceptibles de restricciones en los estados de excepción como lo es el derecho a la vida.
El informe permitió generar un debate bastante amplio sobre el papel de las fuerzas armadas en nuestro modelo de seguridad. Sobre los riesgos que bien apuntó el relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales al utilizar al Ejército en tareas de seguridad para las cuales no está preparado, pues justo su vocación se sustenta en eliminar al enemigo en contextos de guerra.
La respuesta del gobierno federal pretendió confundir a propios y extraños. El primer argumento fue que abatir no significaba matar. Indudablemente este debate no lo ganaron, el propio uso oficial que han dado las fuerzas armadas al término explica por sí solo que abatir sí es un término para referirse a la privación de la vida de personas.
El segundo argumento esgrimido por el gobierno federal es que la orden de operación sí manda a «abatir delincuentes en horas de la oscuridad», pero de igual forma les pide a los elementos de tropa que respeten los derechos humanos. Otra discusión perdida, pues entonces, en el mejor de los casos estamos hablando de un documento contradictorio sobre el cual hay que investigar justo como lo interpretó la patrulla militar que por lo menos masacró de 12 a 15 civiles ya rendidos.
De cualquier forma estamos hablando de un documento que bajo su interpretación incentiva la comisión de graves violaciones a los derechos humanos. Justo por ello el teniente Ezequiel Rodríguez a cargo de la operación informó
-radiograma 41- que habían abatido a 22 personas, es decir, estaban cumpliendo la orden de operación.
En democracia, todos estamos llamados a rendir cuentas, pero principalmente las instituciones públicas y más aún quienes son funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Entonces, por qué la resistencia para que la cadena de mando sea investigada, por qué no ver como una oportunidad uno de los casos más graves en la historia contemporánea de nuestro país, para que a partir de procesos sólidos de verdad y justicia se establezcan medidas de supervisión, control y rendición de cuentas que eviten que estos hechos se vuelvan a repetir.
Por desgracia, la historia reciente da la razón a quienes pedimos que se transite de un modelo de seguridad de corte militar a un modelo de seguridad de corte ciudadano. Justo la semana pasada tuvimos otros dos casos que vinculan a las fuerzas armadas en posibles violaciones graves a los derechos humanos, estamos hablando de la Calera, Zacatecas, y de Ostula, Michoacán.
En el primero, la propia Sedena ha reconocido indicios que vinculan a sus elementos en posibles actos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
No hay aquí ninguna intencionalidad de deslegitimar a las fuerzas armadas, recordemos simplemente que de los seis casos sentenciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre México, cuatro de ellos vinculan al Ejército con violaciones graves a los derechos humanos. Veamos el Índice de Letalidad publicado por tres destacados académicos en la revista Nexos (www.nexos.com.mx/?p=25468), donde dan cuenta que de 2011 a 2014 la relación de civiles y militares muertos en enfrentamiento es realmente asimétrica.
Veamos que entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, más de 79 por ciento de las recomendaciones emitidas por la CNDH por privación arbitraria de la vida fueron dirigidas a las fuerzas armadas (42 de 53 recomendaciones. Ver www.cndh.org.mx/Recomendaciones).
Se trata de un profundo debate donde los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben tomar decisiones responsables, es decir, si apuestan por el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad o en su defecto, siguen apostando por un modelo de corte militarizado. Entre tanto esto sucede, las fuerzas armadas y toda corporación encargada de hacer cumplir la ley debe ser llamada a rendir cuentas y por ello, en términos de democracia, investigar la cadena de mando y asegurar verdad y justicia en los casos de graves violaciones debe ser vista como una oportunidad para evitar que estos hechos se sigan repitiendo.