Ordenan a Ejército abrir datos de abuso/ El Siglo de Torreón La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá informar sobre la estadística o cualquier registro que contenga datos relacionados con investigaciones de la Procuraduría de Justicia Militar por delitos de tortura, abuso de poder y lesiones cometidos entre 1960 y febrero de 2015. La información requerida deberá estar desglosada por el número total de sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales militares, número total de elementos sentenciados, sexo y número total de ofendidos y/o víctimas de cada evento, así como entidad federativa donde sucedieron los hechos. Ello, luego que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) revocó una respuesta que la Sedena dio a una solicitud de información presentada por un ciudadano, al señalar que en sus archivos no localizó información de hechos delictivos en los que haya sido víctima un civil, de conformidad con el artículo 57 del Código de Justicia Militar.
Lamenta Prodh errores de PGR en caso Iguala/ Reforma El informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Iguala pone en duda la versión oficial de los hechos presentada en su momento por Jesús Murillo Karam, aseguró Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh). «Como acompañantes de los padres y madres afirmamos que la teoría del caso está frontalmente puesta en duda. La CNDH da cuenta de un sinnúmero de diligencias pendientes, empezando por pruebas periciales en por lo menos cinco materias, recabación de testimonios, identificación de personas, reconstrucción de hechos, declaraciones y ampliaciones de declaraciones, un cúmulo de evidencias que dan cuenta de la debilidad de la teoría del caso», señaló. En entrevista, el activista dijo que el informe de la CNDH es una muestra más de que los padres de los normalistas no se sienten representados en la verdad oficial presentada por la PGR.
Designó la PGR funcionario ineficaz para hallar a desaparecidos: familias/ La Jornada Colectivos que buscan a personas desaparecidas criticaron la decisión del gobierno federal de incorporar a Juan José Yáñez Arreola al área de la Procuraduría General de la República (PGR) que investiga estos casos. Yáñez fue titular de la Subprocuraduría para la investigación y búsqueda de personas no localizadas en Coahuila desde abril de 2012, pero “no esclareció ninguno de los 50 expedientes que tiene Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec). En su periodo fue evidente la ineficiencia reflejada en la falta de resultados de las investigaciones y la búsqueda de nuestros seres queridos y de los responsables, reprocharon en una carta abierta a la titular de la PGR, Areli Gómez.
La búsqueda interminable/ Reporte Índigo Al problema de los desaparecidos en México se agrega el de los ‘aparecidos’. Cientos de cuerpos que han sido localizados en fosas clandestinas. Miles de familias viven el drama de no saber si sus muertos están en alguno de esos restos sin nombre. La PGR ha encontrado en los últimos nueve años en fosas clandestinas 495 cuerpos que desconoce quiénes son. Desde el año 2007, la PGR ha detectado 186 fosas clandestinas en las que los peritos han hallado, completos o mutilados, 638 cadáveres. La sumatoria indica que ha podido identificar sólo 143 personas. Es decir, el cuerpo de cuatro de cada cinco personas asesinadas a manos del crimen organizado, y cuyo destino fue una fosa clandestina, no pudieron ser velados por sus familiares.
Desalojan a manifestantes de instalaciones de Grupo México/ Proceso Unos 140 granaderos de la Policía Federal Preventiva (PFP) recobraron esta madrugada para la mina Buenavista del Cobre el centro de rebombeo Los Patos tomado desde el pasado 16 de marzo por el Frente Todos Unidos contra Grupo México, conformado por damnificados del río Sonora y mineros de la Sección 65. En el sorpresivo operativo en el que también participaron patrulleros, rescatistas y operadores de retroexcavadoras, los efectivos cerraron la carretera Cananea-Agua Prieta para después desalojar a los manifestantes que se encontraban en guardia en las instalaciones hidráulicas.
De Sonora a Ostula: intereses de las mineras imponen su ley a costa de la agenda social/ Sin Embargo En México existen al menos 36 conflictos mineros relacionados en su mayoría con despojos, violaciones a los derechos laborales, contaminación y daños a la salud. Todas estas denuncias, acusan activistas y pobladores, son permitidas por las autoridades de los tres niveles de Gobierno, incluso, utilizando su fuerza policiaca, reprimen movimientos opositores a las minas dejando decenas de heridos y muertos. Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), en 1994, el Gobierno mexicano impulsó una reforma a la Ley Minera con el propósito de establecer condiciones de desregulación y de establecimiento de bajas tasas impositivas para generar condiciones ideales para la inversión de capital nacional y extranjero. En la legislación se estableció que toda actividad de este tipo sería considerada de utilidad pública, preferente ante cualquier otro uso del terreno sobre el que se ubiquen los minerales.
Homicidios al alza: 8 mil 144 casos de enero a junio de 2015, primer incremento semestral en 4 años/ Animal Político Es oficial: la tendencia a la baja en denuncias por homicidio terminó. El primer semestre de este año cerró con 8 mil 144 averiguaciones por homicidio doloso en el país, cifra que representa un incremento — aunque ligero— en el número de crímenes respecto al año pasado, pero que sobretodo, es la primera alza semestral de este delito en cuatro años. Entre 2011 y 2014, los homicidios se habían reducido en promedio 15% entre cada primer semestre, pero para este año, las denuncias registradas de enero a junio representaron incremento de 0.4% respecto al mismo periodo del año pasado.
Las contradicciones de la libertad de expresión en Quintana Roo/ Somos El Medio El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, presentó la “Iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, el pasado 17 de junio. “Dicha iniciativa es una contradicción ante la negativa del gobernador y el Tribunal Superior de Justicia del Estado, al obstaculizar la reparación de daños y disculpa pública al periodista Pedro Canché, que le fue sembrado el delito de sabotaje y permaneció 9 meses en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto. En éste caso se mostró la violación a los derechos humanos y la agresión hacia el ejercicio periodístico de Canche”, afirmó en entrevista para Somos el medio, Luis Eduardo Knapp Moreno, abogado de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19 que acompaño el caso de Pedro.
Riesgo de impunidad por agresión a reportera Karla Silva/ Cimac Noticias El Centro Las Libres advirtió que el juez Guadalupe Bustamante Guerrero, que lleva dos amparos relacionados con la agresión física que vivió la periodista Karla Silva en septiembre de 2014, podría no ser imparcial a la hora de dictar sus fallos. Hasta ahora el alcalde Enrique Benjamín Solís no ha sido llamado a declarar, el mando policial Nicasio Aguirre Guerrero sigue prófugo, y Fonseca Duran está preso en el Centro de Readaptación Social de Irapuato. En entrevista con esta agencia, Verónica Cruz, directora de Las Libres, dijo que el Juez Décimo de Distrito con sede en Irapuato analiza cuatro amparos sobre el caso de la reportera Karla Silva, pero en uno se excusó y dijo que no podría conocerlo debido a su relación de “camaradería” con el alcalde Solís Arzola, uno de los principales sospechosos de la agresión.