* Organizaciones de derechos humanos reafirman que PGR no cuenta con pruebas para sostener su verdad histórica
México, DF, 23 de julio de 2015. Con el informe Estado de la investigación del “Caso Iguala”, emitido el día de hoy por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se confirma que no está dilucidada la verdad del caso Ayotzinapa, afirmaron las organizaciones acompañantes de las familias de las víctimas: el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Servicios y Asesoría para la Paz y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
El informe planteado por la CNDH, destacaron los acompañantes de las familias, «da cuenta que la PGR se apresuró a construir una verdad oficial sobre los hechos sin contar con los elementos probatorios que sustenten sus afirmaciones y justo por ello solicita el desahogo de pruebas múltiples pruebas periciales, reconstrucciones de hechos, determinar la ‘ruta de desaparición’, recabar diversos testimonios e incluso la realización de elementos básicos para una búsqueda y localización efectiva de los estudiantes, como es elaborar fichas de identificación».
A diez meses de ocurridos los hechos, el organismo nacional consideró que las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) no ofrecen todavía una respuesta concluyente frente a “un capítulo ominoso de la vida nacional”, que consistió en la desaparición forzada de los 43 normalistas, la ejecución de seis personas y las heridas a 33 más en los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero.
Aunque la verdad histórica ofrecida por la PGR pretendió establecer que el destino de los estudiantes víctimas de desaparición forzada fue la muerte en el basurero de Cocula a manos de supuestos sicarios del cartel «Guerreros Unidos», el informe de la CNDH señala que se debe continuar con las acciones de búsqueda “que puedan dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos”, tal y como han exigido las familias de las víctimas, las organizaciones acompañantes y la sociedad, insistieron los centros de derechos humanos. En ese sentido, el informe puntualiza que “la naturaleza de la averiguación exige que toda información que pudiera conducir a la localización de los normalistas desaparecidos se investigue exhaustivamente sin descartar ninguna hipótesis sobre el lugar en el que se les pudiera localizar”.
Los organismos acompañantes de las familias resaltaron que, en el mismo sentido en que lo ha manifestado el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para coadyuvar en el caso, la CNDH recomienda como necesario que rindan su declaración elementos de las policías Estatal, Ministerial del Estado y Federal, así como al menos 9 elementos del Ejército, que no lo han hecho. El gobierno ha dado distintas respuestas a esta solicitud, desde negarse totalmente y defender la intocabilidad del Ejército hasta sostener que «estamos analizando la petición».
El informe establece que “la insuficiente actuación de la autoridad ministerial responsable de una investigación, conlleva a que se violen los derechos humanos de las víctimas, afectando el derecho que tienen de conocer la verdad de los hechos, acceder a la justicia, a que se repare íntegramente el daño causado y que se garantice la no repetición del acto”.
Familiares de los normalistas fijarán su postura sobre el citado informe durante la Jornada Mundial por Ayotzinapa, a 10 meses de la desaparición forzada y ejecución de normalistas y ciudadanos.