* Habitantes de Ostula exigen la libertad del comandante de su policía comunitaria, Cemeí Verdía.
Ciudad de México, 21 de julio de 2015. Los elementos del ejército que dispararon este domingo contra habitantes de la comunidad nahua de Ostula, Michoacán, asesinando a un niño e hiriendo a cinco personas más, no fueron provocados por los comuneros. “Ellos mismos actuaron de manera arbitraria”, confirmó hoy en conferencia de prensa Agustín Vera, vocero y Jefe de Tenencia del lugar.
La autoridad comunitaria señaló también que la detención de Cemeí Verdía Zepeda (Primer Comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y Coordinador General de las Autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila), que sucedió horas antes de la agresión armada de los militares, fue una “traición” a la policía comunitaria, que ha trabajado coordinada con el gobierno estatal; los comuneros entregaron fotocopias de los acuerdos que dan cuenta de ello.
Agustín Vera detalló que Verdía Zepeda fue citado por autoridades gubernamentales para una reunión en el poblado de La Placita, municipio de Aquila, en la que fue detenido para ser posteriormente trasladado a Morelia y después al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusado del presunto delito de portación de arma de uso reservado al Ejército, aun cuando su subametralladora cuenta con permiso de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En la lectura de un comunicado enviado por la comunidad, fechado el día de ayer, el vocero precisó que cerca de las 10 de la mañana y en movimientos simultáneos, soldados del Batallón 86 hostigaron a la comunidad –que estableció retenes en la carretera federal 200, dentro de los cuales quedaron tres pelotones de soldados del Batallón 86-, se detuvo a Cemeí Verdía y la Policía Federal detuvo temporalmente a policías comunitarios, quitándoles sus armas y radios. El presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comunales fue, horas después, despojado de su radio, sello e identificaciones.
Alrededor de las 5 de la tarde, elementos de la Marina y policías estatales y federales, a quienes se incorporaron los soldados del Batallón 86, atacaron con armas de fuego, macanas y gases lacrimógenos los retenes instalados por los comuneros. A su paso por la encargatura de Ixtapilla, dispararon contra las casas y la población civil, hechos en los que resultó muerto el niño Edilberto Reyes García, de 12 años. En la conferencia de prensa se exhibió un video que da cuenta del inicio del tiroteo contra los pobladores.
Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), externó su preocupación por este “acto de agresión contra la sociedad civil”, al que calificó de extremadamente grave. Resaltó que la comunidad de Ostula sigue en situación de vulnerabilidad tras el ataque, y lamentó que el Ejército esté involucrado en la disuasión de protestas y la criminalización de defensores comunitarios. Con estos términos coincidió Jorge Luis Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien destacó que las comunidades tienen derecho a garantizar su seguridad frente al crimen organizado vinculado con distintos niveles de gobierno.
La lucha de Ostula en defensa de sus recursos naturales le ha costado (desde el año 2009, cuando recuperó su territorio despojado por caciques locales y criminales) 34 habitantes muertos y cinco desaparecidos, la mayoría líderes comunitarios. Muchos pobladores tuvieron que desplazarse para salvaguardar sus vidas, pero en febrero de 2014 regresaron a su territorio, en pleno auge de las autodefensas, y expulsaron a los criminales. Cemeí Verdía ha sido reiteradamente amenazado por miembros de cartel “Los Caballeros Templarios” y sobrevivió a dos atentados, el último de ellos el 25 de mayo. Los comuneros han señalado a Federico González Medina y Mario Álvarez López (dirigente del PRI en la región) como las cabezas del crimen organizado, y a la minería como uno de los intereses detrás del despojo de tierras.