Exigen indagar a “cadena de mando” militar en casos Calera y Ostula/ Proceso Ante los recientes hechos de violaciones a derechos humanos en Calera, Zacatecas, y Ostula, Michoacán, donde están involucrados miembros del Ejército Mexicano, urge que “la responsabilidad institucional y la cadena de mando sean investigadas”, consideró el director del Centro de Derechos Humanos de Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón Sánchez. A unas semanas de que presentara el informe “Tlatlaya: la orden fue abatir”, en el que se revela que el oficial al mando responsable de esos hechos –en los que murieron 22 personas– llevaba la instrucción de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, Patrón Sánchez evaluó que las recientes acciones en las que militares presuntamente participaron en la desaparición y ejecución de siete personas en Zacatecas, así como en los disparos indiscriminados a población civil en Michoacán, es “consecuencia de que no hay transparencia, no hay rendición de cuentas y no hay investigaciones a fondo que aseguren que estos actos no se vuelvan a repetir”.
En Chilpancingo desalojan con gas pimienta a padres de normalistas/ La Jornada Los padres de familia de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos y un grupo que los apoya fueron desalojados por unos 200 policías antimotines ayer por la mañana. Lo mismo ocurrió con los integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), que protestaban afuera de las instalaciones del Congreso del estado en Chilpancingo. Los policías lanzaron al menos tres bombas de gas pimienta durante el mitin afuera del Congreso local, donde estaban los padres de familia, apoyados por la parte de la Ceteg del grupo que encabeza Ramos Reyes Guerrero, y normalistas de Ayotzinapa. Los padres de los normalistas desaparecidos, la Ceteg y los estudiantes de Ayotzinapa habían informado con anticipación que realizarían la manifestación contra la reforma educativa y para insistir en la presentación con vida de los desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado en Iguala.
Critican ‘prisión’ para migrantes/ Reforma La política de control migratorio, que se ha intensificado por la puesta en marcha del Programa Frontera Sur, tiene como premisa la privación de la libertad de personas extranjeras en lugares que asemejan cárceles. Así lo indica el informe «Derechos Cautivos», elaborado por cinco organizaciones académicas y de la sociedad civil que ayer fue difundido. Tras monitorear 10 estaciones migratorias y estancias provisionales en siete estados, concluyeron que en todos los casos, las condiciones físicas y materiales de estos lugares son réplicas de estructuras carcelarias. Estos espacios, expusieron, son sombríos, muy reducidos para la cantidad de personas que reciben; están delimitados por bardas, mallas o rejas; tienen puertas resguardadas por candados, habitaciones tipo celda, camas de concreto -con acaso colchonetas-, así como torres de seguridad ubicadas en puntos estratégicos.
Advierten de la impunidad en el país/ El Universal De acuerdo con índice Global, México es de los peores evaluados por el delito en América Latina; además, llaman a ver la funcionalidad de las reformas judiciales. Investigadores de laUniversidad de las Américas de Puebla advirtieron a legisladores que el reto para México en los próximos años es atender la funcionalidad de su sistema de seguridad, justicia, penitenciario y de derechos humanos. Al presentar el índice Global de Impunidad (IGI), ante la Segunda Comisión de la Permanente, el investigador Carlos Rodríguez Sánchez recordó que al sistema de seguridad se le han invertido millones de pesos con pocos resultados, mientras que en el de justicia hay una falta de inversión «terrible». «Además que el sistema penitenciario, es una caja negra, en esta cadena de impunidad y hemos encontrado problemas para encontrar información», declaró.
Policías detienen arbitrariamente a defensores del agua en Edomex/ Más de 131 El día de hoy fueron detenidos arbitrariamente los defensores del agua Sergio Velázquez Morales, Gerardo Trejo Galván y Vicente Moreno Domínguez, según informó el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL). Los tres detenidos son parte del Frente Popular 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales del Municipio de Coyotepec, A.C., organización que han conformado los pobladores de Coyotepec para evitar que su agua sea vendida a otro ayuntamiento. Irma Luna, esposa de Vicente Moreno, explica a Más de 131: “Como a las dos de la tarde del día de hoy, ellos, junto con quince integrantes del Frente acudieron al Ejido donde, por órdenes del ayuntamiento, se estaba perforando un pozo. En el lugar se encontraba el propio Presidente Municipal junto con su incondicional, José Conrado Mata”. Cuando los del Frente señalaron que el pozo en cuestión es ilegal, ya que pertenece a su ejido y el Ayuntamiento no tiene atribuciones para realizar ese tipo de obras, Conrado Mata reviró con que los del Frente eran “una bola de mantenidos”. Acto seguido ordenó la detención de Sergio Velázquez Morales, Vicente Moreno Domínguez y Gerardo Trejo, rememora Irma Luna.
Se pone en peligro el estado de Chihuahua de llevarse a cabo fracking/ La Opción de Chihuahua El fotógrafo David Lauer, miembro de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, ha comentado que si la fractura hidráulica se logra llevar a cabo se ponen en peligro las vastas extensiones territoriales del estado, además de toda la población por los químicos que esta transmite. «El uso y la indudable contaminación de aguas superficiales afectará las principales arterias de vida y distritos de riego en la región: Las cuencas hidrológicas del Río Conchos y del Río Bravo, que están reguladas por un tratado binacional entre la República de México y Estados Unidos», citó David Lauer.
Decreto presidencial da tierra otomí a proyecto de Higa; no es caso único en DF y Edomex: ONG/ Sin Embargo El decreto presidencial que el pasado 9 de julio firmó el Presidente Enrique Peña Nieto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, para la construcción de una autopista privada, pese a la oposición de la comunidad, ilustra una práctica que se han vuelto constante en el país: la afectación de pueblos originarios para favorecer la construcción de proyectos de infraestructura o inmobiliarios, recurrentemente para beneficio privado y siempre con el aval de las autoridades. En el caso de San Francisco Xochicuautla la obra que afectará a la comunidad otomí es la autopista privada Toluca-Naucalpan. La empresa que se beneficiaría de la construcción de la autopista es Autopistas de Vanguardia (Autovan), subsidiaria de Constructora Teya, filial de Grupo Higa, que pertenece al empresario Juan Armando Hinojosa y tiene la propiedad legal de la llamada “casa blanca” de la familia presidencial en Las Lomas.
Exigen libertad para José Antonio Arce/ Somos El Medio La mañana de hoy se realizó una concentración solidaria en el Reclusorio Norte para pedir la libertad de José Antonio Arce Avendaño. Durante la concentración se realizó una ceremonia de danza prehispánica. Antonio fue privado de su libertad por segunda vez el 17 de julio en Huitzo, Oaxaca. Fue ingresado al reclusorio norte, su detención fue de manera arbitraria pues recibió una llamada de un supuesto “amigo” que lo iba a visitar, lo cual no era cierto. Antonio está detenido por tentativa de homicidio y ataques a la paz pública, quien lo acusa es el jefe de seguridad del D.F. Álvaro Sánchez apodado como: “El Neptuno”.