Tlatlaya: “Les ponían contra la pared y les daban un balazo”/ El País Clara Gómez, una de las supervivientes de la matanza de Tlatlaya, cuenta lo sucedido aquella noche entre una patrulla del ejército mexicano y un grupo de supuestos narcos. Ella nunca había visto un disparo. Estaba sentada contra la pared, en un rincón. Los demás dormían. Por el portón abierto de la bodega apenas entraba luz porque aquella noche no hubo luna. Ella no dormía porque tenía miedo. Escuchó una voz cerca de la puerta: “¡Nos cayeron los contras!” Entonces, empezó el tiroteo. Las balas incandescentes entraban y salían por la oscuridad de la bodega. Se levantó del rincón y fue a buscar a su hija. La encontró tirada en el suelo boca abajo, herida en una pierna. Le tomó el pulso. Todavía estaba viva. –Por el mismo dolor no podía hablar. Vinieron más disparos y me volví a esconder. Ya no vi a Erika nunca más.
Investiga la CNDH ataque en Michoacán y asesinatos en Zacatecas/ Proceso La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió dos quejas por los sucesos ocurridos en Calera, Zacatecas, y Aquila, Michoacán, en los que perdieron la vida siete y tres personas, respectivamente, entre ellos dos menores. En ambos casos, están presumiblemente involucrados elementos del Ejército. En un breve comunicado, la CNDH exigió a las autoridades competentes realizar investigaciones “con los atributos de objetividad, imparcialidad y exhaustividad” para esclarecer los hechos en los que se involucra la participación castrense en Zacatecas y Michoacán. El organismo informó que por instrucciones del ombudsman nacional, Raúl González Pérez, el segundo visitador general Enrique Guadarrama López se trasladó con tres visitadores adjuntos y dos peritos al estado de Michoacán, en tanto que a Zacatecas se desplazó otro equipo conformado por dos visitadores adjuntos y dos peritos, “con el fin de recabar evidencias, en el marco de las investigaciones que se llevan a cabo”.
Habitantes de Zimapán obstruyen instalaciones de compañía minera/ La Jornada Vecinos de San Miguel y otras localidades de Zimapán afectadas por el traslado de desechos tóxicos clausuraron de manera simbólica la planta de beneficio El Sabino, de la empresa minera El Espíritu, a un costado del predio donde se construye una presa de lixiviados, a sólo 10 metros de sus viviendas. La protesta fue apoyada por integrantes de la agrupación Comunidades Unidas de Zimapán, que en 2008 encabezó un movimiento que frustró la instalación de un contenedor de desechos tóxicos y radiactivos de la empresa española Befesa. La mañana del lunes los vecinos se manifestaron a la entrada de lo que será la presa de jales, con letreros de repudio a la minera El Espíritu.
Pide la CNDH protección para periodistas chiapanecos/ La Crónica de Hoy La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Gobierno del Estado de Chiapas implementar medidas cautelares a favor de periodistas y defensores civiles de derechos humanos que llevan a cabo su labor en esa entidad, así como de las personas que documenten sucesos relacionados con la reciente jornada electoral, a fin de evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos o la producción de daños de difícil reparación. El organismo informó que el pasado sábado 18 de julio recibió un documento suscrito por un grupo de periodistas y defensores civiles de derechos humanos en que refieren diversas acciones de hostigamiento por parte de grupos civiles, algunos de ellos armados.
Más de 900 días sin justicia ni reparación de daño para el joven que perdió un ojo el 1-D/ Sin Embargo Hasta hoy han transcurrido 965 días desde que Juan Uriel Sandoval Díaz fue alcanzado en su ojo derecho por una bala de goma, disparada por un elemento de la Policía Federal (PF) durante la protesta por la llegada al poder de Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre de 2012. Es el mismo tiempo que el estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) ha vivido sin su ojo derecho, que perdió a causa del impacto. Hasta ahora, ninguna autoridad se ha responsabilizado por esa agresión y aunque Sandoval Díaz emprendió una demanda de responsabilidad patrimonial para exigir al Estado que le repare el daño causado, ésta se encuentra empantanada por una discrepancia en una fecha. El dato, tan mínimo en apariencia, hace toda la diferencia entre que su demanda proceda o no. Y es que de acuerdo con el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado el derecho a reclamar indemnización prescribe en dos años cuando existen daños de carácter físico o psíquico, plazo que se computa “a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido la lesión patrimonial”.
Sentencia reconoce contexto feminicida en Chihuahua/ LadoB Al estado de Chihuahua le tomó 23 años reconocer que en la entidad existe un contexto de violencia sistemática y generalizada contra las mujeres, que se traduce en casos de desaparición, explotación sexual y feminicidio. La noche del pasado sábado 18 de julio, por primera vez en la historia judicial del estado, se emitió una sentencia que en buena medida reconoce la existencia de un contexto feminicida en la entidad, luego de que las juezas María Catalina Ruíz Pacheco, Emma Terán Murillo y Myrna Luz Roche Pineda declararon culpables de los delitos de trata de personas y homicidio agravado en razón de género a cinco de los seis acusados durante el juicio oral 267/2014. Después de escuchar a más de 180 testigos –que incluyeron a sobrevivientes de trata de personas, expertas en violencia de género y familiares de víctimas– durante tres meses de audiencias orales, el Tribunal determinó que Jesús Hernández Martínez, César Feliz Romero Esparza, Edgar Jesús Regalado Villa, José Antonio Contreras Terrazas y Manuel Vital Anguiano son culpables de ambos delitos.
Festival Universitario «La Educación es para Todos»/ Somos El Medio Este domingo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó la lista de jóvenes que fueron adminidos para iniciar, en el próximo ciclo escolar, sus estudios de licenciatura. De quienes presentaron el examen de admisión, el 91.1 por ciento fueron rechazados. Y por cuarto año, el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) respondió con el Festival Universitario «La Educación es Para Todos», una fiesta, en palabras de José Zamora, integrante del MAES, de «música, lucha y rebeldía». La situación de exclusión no es nueva, desde hace más de diez años se repite este patrón de exclusión, motivo por el cual surgió el MAES. José Zamora, integrante del movimiento dice que éste se integra básicamente por los aspirantes a ingresar a la universidad, así como por estudiantes universitarios, profesores, padres de familia y «personas conscientes de la problemática que se suman al movimiento».