Información Sididh, La edición de hoy, Uncategorized — julio 16, 2015 at 9:00 am

Denuncian ONG violación a derechos humanos por políticas de seguridad

* Se suman a la exigencia de justicia en el caso Tlatlaya.

Getty Images
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Ciudad de México, 16 de julio de 2015. Dieciocho destacadas organizaciones de derechos humanos denunciaron ayer que las políticas de seguridad «fallidas» del Estado mexicano han incentivado graves violaciones a los derechos humanos; indicaron que el caso de la masacre de civiles a manos del Ejército en Tlatlaya es paradigmático pero no aislado, y se unieron a la exigencia de verdad, justicia y reparación para las víctimas, «haciendo hincapié en la necesidad de modificar las políticas que han puesto en riesgo la seguridad y los derechos de la sociedad mexicana».

«Tlatlaya y otros eventos evidencian que esta política de mano dura, donde no se respetan los derechos humanos, no ha sido efectiva para brindar seguridad. Por ello es de carácter urgente encontrar soluciones prácticas para revertir las crisis de Estado de Derecho y de seguridad que atraviesa el país», resaltaron.

Las organizaciones firmantes -entre ellas Artículo 19, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Casa del Migrante de Saltillo, Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria y Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan»- expusieron que desde la presentación del informe “La Orden Fue Abatir”, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se volvió a visibilizar la «preocupante» situación en materia de derechos humanos, en particular sobre el alarmante uso desmedido de la fuerza, «que ha llevado a la comisión de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves a los derechos humanos en el contexto de la estrategia de seguridad implementada desde diciembre de 2006, y en el marco del combate al crimen organizado».

«Tlatlaya es ejemplo de una política de Estado de matar personas, enmarcada en un cuadro de violaciones graves a derechos humanos, como es la práctica sistemática y generalizada de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. No nos cabe duda que se trate de una decisión de Estado de no impulsar decididamente la profesionalización de la policía, lo que ha llevado a colocar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, militarizando así la seguridad pública», denunciaron las y los defensores, quienes explicaron que la presencia militar ha significado un riesgo palpable de violación a derechos humanos, «por lo que las organizaciones coincidimos en que la solución es establecer cuanto antes un plan de salida de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública, y su regreso a los cuarteles».

Insistieron en que la Reforma al Código de Justicia Militar realizada en 2014 no es suficiente para garantizar los principios de la correcta administración de justicia cuando se trata de afectaciones y violaciones a los derechos humanos, tanto de civiles como de miembros de las fuerzas armadas. Señalaron que de acuerdo a información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información, entre el 1º de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 53 recomendaciones por ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 42 fueron dirigidas a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina. Por ello, «resulta entonces preocupante que dentro de esta política de seguridad la orden no sea detener y poner a disposición, sino abatir y ejecutar».

Para las y los defensores, la repetición y forma coincidente de las violaciones graves a derechos humanos excluye toda posibilidad de que se trate de violaciones a derechos humanos aisladas. «Las Fuerzas Armadas han ejecutado sistemáticamente a población civil en el marco de una política en la que no se investiga, procesa y castiga a los responsables; lo que podría constituir crímenes de lesa humanidad», resumieron.

Las cerca de veinte organizaciones llamaron a que se realicen investigaciones prontas, imparciales e independientes sobre las personas responsables materialmente de los hechos de Tlatlaya, así como de quienes institucionalmente son responsables, además de combatir la impunidad y lograr que en todos los casos donde hubo una violación a los derechos humanos haya verdad justicia y reparación.