* ONG dirigen carta al gobierno de los Estados Unidos.
Ciudad de México, 10 de julio de 2015. Ocho organizaciones de derechos humanos mexicanas y estadounidenses llamaron al gobierno de Estados Unidos a no certificar a México conforme a los requisitos en materia de derechos humanos incluidos en la asistencia de los Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida. También instaron al Departamento de Estado del vecino país a que no proporcione asistencia de la Iniciativa Mérida a las fuerzas armadas de México.
En un comunicado de prensa, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) informó que desde el inicio de la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2008, el Congreso estadunidense condicionó 15 por ciento de los fondos asignados a la policía y los militares mexicanos a que el Departamento del Estado certifique que el gobierno mexicano haya hecho avances substanciales en ciertas áreas prioritarias de derechos humanos. “Retener esos fondos enviaría un mensaje claro de que los Estados Unidos condena las graves violaciones de derechos humanos cometidas en México”, señaló Maureen Meyer, coordinadora principal del programa de México de WOLA. “México tiene que enfrentar un nivel de criminalidad alarmante pero las violaciones de los derechos humanos no mejoran la seguridad en el país, e incluso podrían generar más inseguridad.”
Las organizaciones firmantes -WOLA, eAmnistía International – USA; Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» A.C. (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG) y Robert F. Kennedy Human Rights- resaltaron la falta de avances de Mexico en términos de derechos humanos. “Nuestra investigación y documentación, así como el trabajo realizado por el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, ilustran que el gobierno mexicano no ha logrado avanzar lo suficiente en las prioridades de derechos humanos identificados por el Congreso en su asistencia a México”, afirmaron las ocho organizaciones firmantes.
«En general, proporcionar a las fuerzas de seguridad mexicanas más entrenamiento y equipo, mientras que la corrupción y los abusos continúan sin control, hace poco para mejorar la seguridad en México, y es probable que empeore una situación ya grave de los derechos humanos”, manifestaron las organizaciones. «Reiteramos que el camino hacia la seguridad ciudadana para México no es uno de la lógica de guerra, sino más bien uno de respetar los derechos humanos, fortalecer las instituciones civiles, reformar verdaderamente la policía y el sistema judicial, sancionar la corrupción y consolidar el Estado de Derecho y una democracia representativa que rinde cuentas.»
El memorándum refiere a numerosos casos emblemáticos, incluyendo la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la masacre de Tlatlaya, y proporciona datos que muestran las fallas del gobierno mexicano en investigar y sancionar a funcionarios por violaciones a los derechos humanos, en aplicar la prohibición del uso de la tortura, y en buscar a las víctimas de la desaparición forzada, como evidencia por la que el Departamento del Estado no debe emitir un informe favorable al Congreso estadunidense para otorgar los fondos condicionados.