En la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, ocurrida hace 20 años, un vacío sigue presente en los familiares de las víctimas, a pesar de la resolución en 1996 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde atribuyó la mayor responsabilidad de esos hechos al entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer y al presidente de la República, Ernesto Zedillo. “El juez tercero de primera instancia en materia penal, prácticamente sentenció no por homicidio calificado sino por homicidio simple a los policías, esto es una aberración jurídica porque se les imputó casi un homicidio culposo”, señaló el abogado de las víctimas, José Sánchez Sánchez.
En 1995, un grupo de 17 campesinos de la organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en Tepetixtla, demandaron pacíficamente la presentación de su compañero, Gilberto Romero y exigieron la entrega de fertilizante, pero fueron ejecutados por policías motorizados en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez.
“A 20 años de la masacre de Aguas Blancas, tenemos un viejo sabor amargo en la boca, porque no se castigó a los responsables, se repitieron las masacres, persiste la impunidad en la entidad y porque cualquier grupo del narcopoder puede hacer lo que se les dé la gana acá; vivimos en una dictadura de grupos poderosos”, refirió el abogado Sánchez. (Desinformémonos)