* Hay 40 posibles casos de tortura en los procesados por Ayotzinapa, señalan en su cuarto informe.
Ciudad de México, 30 de junio de 2015. Alrededor de 40 detenidos por el caso Ayotzinapa presentan huellas de maltrato físico; las autoridades solamente han cumplido cabalmente el 30 por ciento de las diligencias solicitadas, además de que no se les ha permitido entrevistar a los integrantes del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, es parte del balance que el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo en la presentación pública de su cuarto informe de labores.
Derivado de sus indagaciones, los expertos confirmaron que la intención inicial de los normalistas no era ir al centro de Iguala, como se ha dicho en diversas ocasiones a lo largo de estos nueve meses -lo que desmontaría la explicación de los hechos dada por las autoridades.
Los expertos lamentaron la demora en la entrevista a los militares -todavía ayer, el gobierno federal les dijo que seguía valorando su solicitud- “limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectiva de búsqueda de los desaparecidos”.
El GIEI valoró el compromiso de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar los pasos necesarios para unificar la investigación, la instalación de una unidad de salud para los padres de familia en la normal de Ayotzinapa y la disposición de familiares de los jóvenes y de los normalistas sobrevivientes de colaborar con las autoridades para continuar la investigación y enriquecer el expediente.
«Debido al interés de las autoridades de la PGR para contar con nuevas declaraciones de los normalistas que fueron víctimas y testigos de los hechos, se ha concertado un mecanismo para tomar testimonios que la PGR considera importantes. El GIEI ha realizado sus buenos oficios para facilitar dicha diligencia y los normalistas han mostrado su disposición para participar en ella, por lo que se hará próximamente. Se espera que con estas declaraciones se pueda completar la información ya existente, incluyendo la que los normalistas dieron poco después de los hechos», explicaron.
En conferencia de prensa realizada ayer, las y los cinco integrantes del grupo informaron que lograron el restablecimiento de las relaciones entre la Procuraduría General de la República (PGR) y las familias de los estudiantes, y que a inicios del mes entrevistaron al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda.
En su primer informe, rendido a finales de marzo, los expertos señalaron que la desaparición forzada de los 43 normalistas, los días 26 y 27 de septiembre, constituye un crimen de lesa humanidad; pidieron que continúe la búsqueda de los jóvenes y solicitaron una entrevista con el personal militar del Batallón 27 de Iguala. En su segundo informe, recomendaron abrir nuevas líneas de investigación. En el tercero señalaron la necesidad de unificar las investigaciones.