Tlatlaya, Ayotzinapa y otros casos, “serios abusos” en materia de derechos humanos: EU/ Aristegui Noticias El año pasado, hubo numerosos reportes de que el gobierno mexicano o sus agentes cometieron ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, casi siempre con impunidad, la misma con la que grupos del crimen organizado fueron también responsables de varios asesinatos, casi siempre vinculados a corruptos oficiales del Estado, locales o de seguridad, concluyó el “Reporte de Prácticas en Derechos Humanos en 2014? del Departamento de Estado de Estados Unidos. “México tiene significativos problemas relacionados con los derechos humanos, incluidos participación de policías y militares en serios abusos como ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones y abuso físico. La impunidad y la corrupción siguen siendo serios problemas, particularmente a niveles del Estado y locales, en las fuerzas de seguridad y en el Poder Judicial. El crimen organizado perpetúa altos niveles de secuestro y violencia contra periodistas y otras personas, lo que limita la libertad de expresión”, señala el reporte. En el apartado sobre ejecuciones extrajudiciales se menciona el asesinato de supuestos criminales rendidos, a manos del Ejército en Tlatlaya, Estado de México y la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.
‘‘Fauna nociva’’ mutiló el rostro del normalista César Mondragón: peritos de Iguala/ La Jornada La necropsia realizada por los médicos forenses del Ministerio Público de Iguala al cuerpo del estudiante de Ayotzinapa Julio César Mondragón –a quien le fue arrancado el rostro– dictaminó que esa mutilación fue provocada post mortem ‘‘por la fauna nociva que se encontraba en el lugar’’. La causa de la muerte del normalista, según ese peritaje de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG), fue un edema cerebral causado por fracturas múltiples de cráneo. Familiares del joven asesinado el 26 de septiembre de 2014, junto con cinco personas más, además de los 43 muchachos desaparecidos, rechazan ‘‘por insostenible y absurdo’’ ese peritaje. La madre de César, Afrodita Mondragón; sus tíos y su esposa Marisa Mendoza, sostuvieron en un comunicado que el expediente del caso, radicado en el estado de Guerrero, demuestra ‘‘una falta absoluta de respeto y de profesionalismo, además de que evidencia el desinterés’’ por esclarecer el homicidio.
Generalizada, la tortura en México/ W Radio Al señalar que en México la tortura está generalizada en todo el país, el representante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Javier Hernández, mencionó que a 11 años de conformarse como organismo civil han documentado 415 casos de tortura en contra de igual número de personas. En el marco de la inauguración de las Jornadas contra la Tortura en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), explicó que de lo documentado son los militares, policías federales y personal de las procuradurías estatales de justicia y paramilitares quienes mayormente cometen tortura contra las personas detenidas y que esto se ha generalizado tanto en el sexenio de Felipe Calderón, como del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto. Ángel Amilcar, de Honduras y sobreviviente de tortura dentro del penal de Tepic, Nayarit, exigió al gobierno mexicano la no repetición de estas prácticas «porque si mi hijo pasa por México, no quiero que esto se repita».
Minera enfrenta querella colectiva/ Excélsior Un grupo de 86 familias afectadas por el derrame tóxico de Buenavista del Cobre presentaron la segunda demanda penal colectiva para reclamar un pago justo de reparación del daño patrimonial y a su salud que generó la negligente operación de la mina de Cananea. Esta acción contra la empresa responsable por el que es considerado el mayor desastre ambiental en la historia reciente, fue interpuesta el pasado 17 de junio, ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil con sede en el Distrito Federal; tiene el objetivo de que el consorcio minero que controla Germán Larrea repare los daños causados a 22 mil habitantes de siete municipios afectados por el derrame de 40 millones de litros de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, ocurrido en agosto de 2014. «Esta segunda demanda se basa en la protección de los derechos humanos individuales, como vivir en un ambiente sano, buscando la reparación de los daños provocados a personas físicas o morales con afectación en su salud, patrimonio, empleo, cultivos, el agua de consumo y riego, la materia prima para producir alimentos así como la enfermedad en humanos y muerte de ganado», detalló David Álvarez Bernal, presidente de Acciones Colectivas de Sinaloa A.C., quien junto al abogado Luis Pérez de Acha, representa a los damnificados del río Sonora.
Denuncia EZLN despojo de tierras por parte de paramilitares/ Proceso El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunció que un presunto grupo paramilitar atacó y despojo de un predio a miembros de sus bases de apoyo en la comunidad El Rosario, municipio autónomo de San Manuel, oficialmente conocido como Ocosingo. Los subcomandantes Moisés –vocero y líder del EZLN– y Galeano dieron a conocer que esta noche les fue remitida una denuncia por parte de la Junta de Buen Gobierno (JBG) “El camino del Futuro”, ubicado en el Caracol de “Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer”, en el poblado de La Garrucha. La denuncia, firmada por los miembros de la JBG Jacinto Gómez Pérez, Colosio Pérez Lorenzo, Nely Núñez Sánchez y Alex López Álvarez, señala que integrantes del ejido Pojkol, del barrio Chiquinibal, municipio de Chilón, junto con cómplices de El Rosario, conformaron un “grupo paramilitar” para atacar con armas a bases de apoyo del EZLN y despojarlos de sus tierras.
Caso Mariana Yáñez: torpeza judicial en desaparición de mujeres/ Cimac Ante la carencia de un protocolo especializado en localización de mujeres y niñas en el Estado de México, las autoridades judiciales incurren en omisiones durante la búsqueda con vida de jóvenes reportadas como desaparecidas, lo que deriva en que las víctimas carezcan de certeza sobre los resultados de las indagaciones y vean obstaculizado su acceso a la verdad y la justicia. Prueba de ello es el caso de Mariana Elizabeth Yáñez Reyes, joven desaparecida en septiembre de 2014 y cuyos restos fueron supuestamente localizados en el Río de los Remedios en octubre pasado. Luego de una serie de irregularidades en la búsqueda de la joven, las autoridades mexiquenses se vieron obligadas a exhumar los restos para continuar investigando el caso. Mariana, según relata su familia, es una joven estudiante de 18 años que en 2014 ingresó a la licenciatura de Control y Automatización del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Niegan, otra vez, libertad a Alejandro Díaz Sántiz/ Másde131 “Dijo el juez que no fue favorable el amparo”, cuenta desde prisión el activista tsotsil y defensor de derechos humanos, Alejandro Díaz Sántiz. El pasado 11 de mayo, Alejandro cumplió 16 años preso. Ha estado en penales de Veracruz y Chiapas, ahora se encuentra en el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Originario de Mitontic, uno de los municipios chiapanecos con mayores niveles de pobreza, viajó a Veracruz junto con su esposa para buscar trabajo. Ahí se le acusó de asesinar y violar a su hija de un año con siete meses. Hasta la fecha la única prueba que tiene en su contra es el testimonio de un primo suyo, que estaba alcoholizado el día de los hechos, pero pudo testificar porque -a diferencia de Alejandro- sí hablaba el castellano. Alejandro ya agotó todos los recursos legales ordinarios para probar su inocencia. Con el tiempo que lleva en prisión, su defensa legal busca un “beneficio de revisión parcial de la pena”, es decir, que con dos terceras partes cumplidas de su condena puede salir.
Gobierno de Q. Roo no se disculpará ni indemnizará al periodista Pedro Canché/ Animal Político El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, no se disculpará públicamente ni indemnizará al periodista maya Pedro Canché, como lo recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el pasado 11 de mayo de 2015. Medios estatales reportan que el vocero del gobierno estatal, Rangel Rosado, declaró que no creía que el gobernador tuviera que hacer “una disculpa pública a nadie”. “Yo no creo que el gobernador tuviera que hacer una disculpa pública a nadie; yo creo que si la ley obligara a hacer alguna cuestión, la tendría que hacer otro tipo de autoridades o personas; no creo que el gobernador las tenga que hacer, dijo Rosado. En mayo de este año, la CNDH emitió una recomendación dirigida al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; y a otras autoridades estatales por las violaciones a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica y a la integridad personal del periodista maya Pedro Canché.
Comando armado de 7 personas, asesina a Manuel López Pérez, integrante de Las Abejas de Acteal/ Radio Pozol El día 23 de junio de 2015, asesinaron a Manuel López Pérez, integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. La organizaciòn informa que Manuel fue a la cabecera municipal de Pantelhó y de regreso, acompañado de su hijo Juan López Guzmán de 11 años, a la altura del puente Sibaluk’um, a casi un kilómetro de la cabecera municipal de Pantelhó, 7 personas encapuchadas vestidas de ropa tipo militar y con armas de fuego, emboscaron el vehículo de transporte público en donde iba, asesinándolo de tres disparos, dos en la cabeza y uno por la espalda. La información que ha recabado la organización de los Altos de Chiapas, es que el juez de Pantelhó, Pedro Giron López, quien desplazó y amenazó al finado Manuel en fechas anteriores y el comandante de la policía municipal, le ordenaron a su hijo de 11 años, que declarara que su papá viajaba en otro carro adelante de donde él iba, y que si decía la verdad, no nada más se iban a ir a la cárcel los asesinos, sino también él. “Este acto, evidencia la complicidad de las autoridades oficiales frente a este asesinato”, asegura la Organización de Acteal.
En Guerrero sí se combate la protesta social, pero no al crimen: líderes ciudadanos/ Destino 16 El operativo de seguridad desplegado por el Gobierno federal en 12 municipios de Guerrero el 19 de octubre de 2014 sólo sirvió para detener las protestas sociales que despertó la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, denunciaron representantes de distintos sectores. Por separado, aseguraron que el operativo que sirvió para reforzar el llamado “Guerrero Seguro”, lanzado en 2011, en lugar de disminuir los índices de violencia los ha incrementado, como lo muestra el “Informe de Víctimas de Secuestro y Extorsión 2015?, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Peor aún, dijeron, la mayoría de los muertos, desaparecidos y perseguidos siguen siendo los que protestan por las condiciones de inequidad que se han recrudecido en el estado, y quienes denuncian la relación del crimen organizado con la clase política.