* La familia de Minerva Guadalupe aún espera saber su destino, 19 años después.
Ciudad de México, 23 de junio de 2015. La desaparición forzada de Minerva Guadalupe Pérez Torres, quien hoy debería tener 38 años de edad, es “una loza de 19 años de impunidad”, consideró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). El 20 de junio de 1996, la joven mujer ch’ol fue interceptada en el camino hacia Masojá Shucjá, municipio de Tila, Chiapas, por paramilitares del grupo Desarrollo, Paz y Justicia, quienes la torturaron de manera física y sexual durante tres días para posteriormente desaparecerla. Casi dos décadas después, no se sabe su paradero y nadie ha sido ubicado como responsable directo e intelectual de los hechos.
El Frayba señaló que ha documentado 85 ejecuciones, 37 desapariciones forzadas y más de 4 mil 500 personas desplazadas forzadamente de sus comunidades por acciones de Desarrollo, Paz y Justicia, un grupo “entrenado y protegido por la policía estatal y el Ejército mexicano creado como parte de la puesta en marcha del Plan de Campaña Chiapas 94′, paraprovocar el terror en la sociedad civil en el norte de Chiapas”, recordó.
El Estado mexicano, señaló el centro de derechos humanos con sede en San Cristóbal de Las Casas, tiene responsabilidad “en estos crímenes de lesa humanidad por su protección directa a los paramilitares, además no existe una investigación eficaz y eficiente donde la verdad y la justicia sea la luz para que estos hechos se esclarezcan”. Acusó además que el gobierno mexicano responde a las demandas de los familiares de las víctimas con revictimizarlas, torturarlas y hostigarlas judicialmente, como lo confirman “los recientes citatorios a los familiares de las víctimas para confrontarse con sus agresores, los líderes paramilitares” Diego Vázquez Pérez, Sabelino Torres Martínez, Marcos Albino y Samuel Sánchez, amenazando con imponer una multa de no hacerlo.
Ante la “nula capacidad” por parte de las autoridades para investigar, sancionar y reparar los daños de éste y otros casos, las propias familias de las víctimas y organizaciones sociales independientes buscan caminos propios, recordó el Frayba. Como muestra, el 7 de diciembre de 2013 se realizó el Dictamen de la Preaudiencia Reunión para la Justicia y la Verdad del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en el que se determinó que el Estado mexicano no ha cumplido con la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia y reconoció en los pueblos su persistencia en la lucha por el no olvido y las acciones de no repetición a partir de la memoria.
“La exigencia por la aparición de Minerva, forma parte de las voces colectivas, comunitarias que se indignan por el dolor del otro, de la otra, hasta encontrarla junto con todos y todas las miles de desaparecidas forzadas en México y los 43 normalistas de Ayotzinapa”, finalizó el centro de derechos humanos.