Nueve organismos civiles enviaron al Senado una petición con la finalidad de solicitar que la comparecencia del gabinete de seguridad nacional ante la comisión bicameral de seguridad que tendrá verificativo este lunes se lleve a cabo de manera pública “y de cara a la Nación, no privado, dada la importancia y trascendencia de los temas a tratar”. A continuación la carta íntegra de organismos civiles de distintos estados de la República.
Distinguidos Legisladores:
Hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, que las instancias legislativas que ustedes representan han convocado a una reunión privada para el próximo lunes 08 de los presentes, a los titulares de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y Gobernación y al Procurador General de la República, con el objeto de revisar la estrategia anticrimen y la Iniciativa Mérida. Lo anterior, en la coyuntura de la ejecución de 16 jóvenes y adolescentes en Cd. Juárez y los asesinatos en Torreón, Coah. y en otras ciudades del país.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil que suscribimos el presente documento, consideramos que la reunión a la que hacemos referencia será productiva y positiva bajo las siguientes consideraciones:
PRIMERA: La Seguridad Pública y la Procuración de la Justicia son también derechos universalmente reconocidos, por lo que todo diálogo y acciones legislativas sobre estos temas deben anteponer los Derechos Humanos y la dignidad de la persona humana, aún de los presuntos delincuentes. Lo anterior se establece en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en los tratados que México ha ratificado, en la Constitución General de México y en las leyes secundarias en la materia. Debemos recordar que en los países miembros de la ONU, como México, el Estado es el único responsable de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de toda la población, sin distinción de ningún tipo;
SEGUNDA: En aras de la transparencia y de la democracia, este diálogo convocado por Ustedes, que representa una señal positiva ante la gravedad de los acontecimientos, en nuestra opinión, debe ser público y de cara a la Nación, no privado, dada la importancia y trascendencia de los temas a tratar, prioritarios para la opinión pública;
TERCERA: En la revisión de la estrategia gubernamental de combate a la delincuencia organizada y la inseguridad, debe redefinirse seriamente y con objetividad el papel que han jugado las fuerzas armadas, sin menoscabo de su invaluable función constitucional en defensa de la Seguridad Interior y la Seguridad Nacional. Si bien se debe erradicar la corrupción de las autoridades y de las policías civiles mediante los mecanismos de control de confianza, el uso indiscriminado de las tropas ha trastocado el orden público y la paz social, en virtud de que, al no cumplir las funciones para las cuales fueron creadas, sustituyen a los órganos encargados por la ley para la prevención y la investigación de los delitos, en lugar de ser una fuerza de apoyo, provocando con ello la constante suspensión de las garantías individuales sin la declaratoria expresa a que obliga la Constitución, lo que a su vez ha propiciado múltiples y graves violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas y de la población en general, en las localidades donde interactúan;
CUARTA: Con el fin de prevenir e investigar las denuncias y quejas por violación a los derechos humanos que obran en las instancias internacionales, en la CNDH, en los organismos públicos estatales de protección y en las ONG, en contra de las autoridades civiles y militares, proponemos que en esa reunión se trate también la necesidad de frenar de una vez por todas y hasta sus ultimas consecuencias, las prácticas violatorias de los derechos humanos (algunas de ellas clasificadas como delitos de lesa humanidad), como las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada de personas, el allanamiento ilegal de morada, las detenciones arbitrarias, la incomunicación y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes;
QUINTA: Creemos que no puede haber una revisión efectiva de la estrategia anticrimen si no se evalúa objetivamente la posibilidad de abrogar de la Carta Magna la figura del arraigo, tomando como base los principios universales al debido proceso y a la presunción de la inocencia. Dicha medida, aprobada en la legislatura pasada sin un debate abierto, serio e incluyente, contradictoriamente, ha entorpecido la efectiva investigación de los delitos y ha propiciado múltiples violaciones a los derechos humanos, que hoy se mantienen en la impunidad. El arraigo, en ocasiones en cuarteles militares al no existir la reglamentación correspondiente, predispone a la práctica de la tortura para arrancar confesiones, bajo la complicidad de la Representación Social, la Defensoría Pública y el Poder Judicial Federal, simulando la efectiva persecución de los delitos;
SEXTA: En seguimiento a la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en diciembre pasado, que condenó al Estado mexicano a desahogar el caso Rosendo Radilla en la justicia civil, no militar, y cuyo objetivo es evitar la opacidad y la impunidad de los delitos perpetrados por militares en contra de la población civil, proponemos a los legisladores federales que, en el marco de la reunión con los secretarios y el Procurador, se contemplen las reformas de ley necesarias para cumplir con este mandato impuesto por la máxima instancia jurídica continental;
SEPTIMA: Por último, y por ser de naturaleza propia por los temas a tratar en la reunión de referencia, proponemos se incluyan a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
Atentamente:
Cáritas Diocesana de Ciudad Juárez, A.C. / CDH Fray Jacobo Daciano, A.C. / Centro Prodh / CADHAC / Comisión Ciudadana de DH del Noroeste, A.C. / Pastoral Obrera de la Diócesis de Ciudad Juárez / Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C. / Red por la Participación Ciudadana, A.C. / Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C.