Tlatlaya: Peritos del Edomex buscaron cuadrar sus estudios con la versión de la Sedena/ La Jornada Los peritos del estado de México trataron de cuadrar las versiones oficiales que ofreció la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de lo que sucedió en la bodega de Tlatlaya. Sostuvieron que la muerte de 22 personas fue producto de un enfrentamiento. En las primeras diligencias omitieron precisar en actas que la escena fue alterada y que el lugar se limpió antes de que iniciaran los estudios forenses. Dieron por hecho que lo ocurrido en el sitio fue un tiroteo por fuego cruzado. Sin embargo, las investigaciones federales, realizadas por personal de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR), descubrieron que el lugar fue manipulado de tal manera que no se puede precisar realmente dónde cayó cada cuerpo, las horas de la muerte y la posición original de los objetos decomisados (armas, cartuchos, vehículos y cargadores).
Marina encabeza lista de PGR por desapariciones/ 24 Horas La Secretaría de Marina (Semar) encabeza la lista de las autoridades que son investigadas por la Procuraduría General de la República por el delito de desaparición forzada, seguía por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y policías municipales. La PGR tiene abiertas 29 indagatorias que incluyen a las autoridades de los tres niveles de gobierno con actividad en la seguridad pública por su presunta responsabilidad en dicho delito. Mientras que la Semar aparece en ocho expedientes, la Sedena está en siete, lo mismo que las policías municipales (sin especificar cuáles). En cuanto a policías estatales (sin decir de qué entidades), apareen en cinco expedientes, mientras que la Policía Federal aparece en dos. Todos los expedientes están en etapa de integración y los estados donde hay más denuncias que involucran a autoridades son Tamaulipas, con seis; Veracruz, con cinco; mientras que en Chihuahua y Coahuila hay cuatro.
Allanan las oficinas de Cencos; el Centro exige investigación efectiva/ Aristegui Noticias El día 22 de junio, poco después de las 21 horas, las cámaras de seguridad de la organización captaron a un sujeto que entró por la puerta principal del edificio, dejando la entrada abierta para que poco después ingresara una segunda persona con una mochila en la espalda. En el interior forzaron las puertas de diferentes oficinas donde revisaron y abrieron archiveros y escritorios. Ambos salieron después del transcurso de aproximadamente 30 minutos. Posteriormente la puerta principal fue sellada con un pegamento impidiendo la entrada. Los sujetos se llevaron dos cámaras de video, una cámara y lentes fotográficos y dos computadoras portátiles con información del trabajo de la organización. Además, revisaron diversos documentos. Cencos acudió a las autoridades locales responsables para iniciar la averiguación previa: CI-FCH/CUH-5/UI-3 S/D/02950/06-2015. Por el método del robo, se puede inferir que conocían los movimientos del personal y de la oficina.
A un año de la represión de Moreno Valle, la justicia no llega a Chalchihuapan/ Proceso Pobladores de San Bernardino Chalchihuapan convocaron a una marcha el próximo 9 de julio para conmemorar el primer aniversario de la represión policiaca ordenada por el gobernador Rafael Moreno Valle, que derivó en la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo y la detención de varios pobladores. Elia Tamayo, madre del niño asesinado, reclamó que a casi un año de los hechos, la impunidad prevalece y el gobierno estatal sólo ha hecho justicia a los suyos, ya que los policías señalados como responsables materiales del crimen de su hijo fueron liberados, pero continúan en prisión tres habitantes de Chalchihuapan, entre ellos el alcalde auxiliar Javier Montes Bautista. En días pasados, al presentar su informe sobre la situación de los derechos de los niños en México, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó que en el caso del niño asesinado en Chalchihuapan no se ha hecho justicia.
Disidentes pedirán que intervenga la CIDH/ El Universal Un fallo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establezca como constitucionales las leyes de Servicio Profesional Docente, así como la ley general de Educación y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, no frenará a la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE), pues seguirá en una ruta jurídica hacia organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Rubén Núñez Ginez, dirigente de la Sección 22, del magisterio de Oaxaca, declaró en entrevista que lo señalado por los ministros evidencia la tendencia a disminuir los derechos de los docentes en el país. Ante esto, informó que la dirigencia de la Coordinadora se reunirá a partir de mañana en el Distrito Federal para definir la estrategia pedagógica, política y jurídica a seguir. Manuel Fuentes Muñiz, abogado que trabaja en el caso de los 26 expedientes que se discuten en la Corte, sostuvo que esta instancia «deja en una situación de inestabilidad a los docentes y a merced del patrón, que es el gobierno, lo referente a la sustentabilidad del empleo».
8 de cada 10 mujeres en prisión, encerradas por un delito menor ligado al narco/ Animal Político Mujeres víctimas de violencia, pobres, jefas de familia, sin estudios u oportunidades de empleo ven como una forma de tener ingreso el llevar paquetes de una ciudad a otra. La mayoría no sabe el valor ni el contenido de la mercancía hasta que son detenidas y encarceladas con penas de al menos 10 años de prisión por tráfico de drogas. Estos casos de detención han aumentado al menos 170% en la última década, provocando que ocho de cada diez mujeres en prisión lo estén por algún delito vinculado a las drogas. “El aumento tan drástico de los números de mujeres reclusas por delitos de drogas no significan que más mujeres se están involucrando en estas actividades sino que son las más perseguidas, las más fáciles de agarrar, cuando la gran mayoría de estas mujeres se desempeñan en los eslabones más bajos del tráfico de drogas: son recolectoras, cultivadoras y principalmente son mulas. Son sólo portadoras de la droga, la llevan de un lugar a otro sin siquiera saber el valor o el tipo de mercancía que llevan”, dijo Ana Pecova, de la organización Equis, Justicia para las Mujeres.
El pueblo contra la presa: diez años de lucha en Temacapulín, Jalisco/ Más de 131 Se cumplen diez años desde que se anunció el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo y con ello, de afectar la vida de cientos de personas del pueblo de Temacapulín en Jalisco. Según las estimaciones de la Comisión Mundial sobre Presas, entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas en todo el mundo por la construcción de represas. Hoy Temacapulin, pueblo con más de 700 años de antigüedad, pareciera tener sus días contados frente a los planes desarrollistas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). La gente de Temacapulín no solo ha tenido que luchar desde el ámbito social, político y legal en contra de la construcción de la presa. También ha padecido de diferentes grados de estrés y traumas psicológicos derivados de la latente amenaza de desalojo. Por el momento, la construcción de la cortina está suspendida a unos cuantos centímetros de la altura permitida, justo antes de caer en desacato frente al fallo de la SCJN. La suspensión de la obra dista mucho de ser una cancelación definitiva, por el contrario, la estructura construida hasta el día de hoy deja ver claramente la intención de elevar la cortina hasta por encima de los 100 metros debido a la ausencia de acabados en la fachada.
La tribu yaqui consume agua con plomo y arsénico/ Desinformémonos La presencia de metales como el arsénico y plomo en aguas subterráneas, obedece normalmente a concentraciones propias naturales de la zona, no obstante el consumo en grandes cantidades en los humanos es altamente tóxico. En la comunidad yaqui de Pótam, en el municipio de Guaymas, Sonora, se presentaron grandes cantidades de estos metales en el agua que consumen, debido a la perforación del pozo que los surte del líquido vital. Según estudios realizados por el Itson, el río Yaqui presentó altos niveles de arsénico y plomo, hasta cien veces más altos en el agua que consume la población de Pótam, Guaymas, respecto a la información de la evaluación de riesgo a la salud de las comunidades por la operación de Acueducto Independencia realizada por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), informó el investigador Gonzales Enríquez. El Acueducto Independencia, fue una de las obras más ambiciosas del gobernador panista Guillermo Padrés Elías, y quien desde hace cuatro años enfrenta la resistencia de la tribu yaqui, a quien la justicia le ha dado la razón. Para el investigador, la presencia de estos metales en el agua que consume la comunidad es un castigo del gobierno por la oposición a este proyecto.
Monterrey, la ciudad cegada a los migrantes/ Periodistas de a Pie De forma silenciosa, en un flujo pequeño pero constante, Monterrey recibe desde hace años a migrantes centroamericanos que viajan a Estados Unidos. Poco conocido en el análisis de la diáspora, el lugar se ha convertido en un punto de quiebre en la travesía: enfrentar la violencia de los kilómetros que faltan hasta la frontera, o recuperar fuerzas para la vuelta a casa. Cuando Josué vio los tres cadáveres que sacaban del río Bravo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entendió que su viaje había terminado. La única forma de seguir con vida –por el momento- era volver a Honduras. No es que tuviera miedo a los muertos. Era que conocía esos cuerpos. Un día antes, cuando aún respiraban, les advirtió que no se acercaran a la ribera fronteriza si no tenían dinero para comprar su derecho a cruzar el río. “Por lo menos se llevan una tunda”, les dijo, pero la respuesta fue una risa burlona. “Tenés miedo, viejo, nada va a pasar”. Pero sí pasó.
Comunidad Kumiai de La Huerta combate incendio y se niegan a ser desalojados/ CML Ayer domingo 21 de junio a las 3:40 pm la compañera Ofelia Muñoz reporto un incendio en un rancho pegado, junto a la comunidad kumiai de La Huerta, en Ensenada, B.C. El incendio consumió 1900 hectáreas de pastizales de la comunidad kumiai donde se alimentaban sus animales. El incendio casi alcanzaba las casas de la gente de La Huerta, sino hubiera sido por que la gente de la comunidad se unió y se nego al desalojo que pretendia la policia de Ojos Negros. L@s jóvenas, mujeres y hombres de La Huerta con tierra, palas y agua, como pudieron controlaron el incendio, ya que ni los bomberos, ni la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), quien el día 14 de junio del presente recibieron en Ensenada un helicóptero que según, apoyaría con el traslado de víveres, herramienta y personal combatiente durante la temporada crítica de incendios en Baja California.