* Ellas y ellos buscan la sanción de la tortura, pero sobre todo, que nadie más tenga que padecer el horror que vivieron.
Ciudad de México, 23 de junio de 2015. Sin duda, uno de los factores que evidencian la crisis que enfrenta México en cuanto a justicia y derechos humanos es la persistencia de la tortura y, sobre todo, la impunidad que la rodea. Pero a pesar de los múltiples efectos negativos que genera esta nefasta práctica sobre la vida de las personas que la han tenido que padecer, son cada vez más las y los sobrevivientes que deciden denunciar pese a los obstáculos que una deficiente procuración de justicia les impone.
Es en este contexto que el día 26 de junio se conmemorará el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de Tortura, para promover la erradicación total de esta práctica y la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El organismo internacional decidió dedicar un día de solidaridad con las y los sobrevivientes pues considera a la tortura como uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes.
En nuestro país, el reto es enorme. En mayo de 2003, el Comité Contra la Tortura de la ONU declaró que la tortura era una práctica sistemática en México. Once años después, al concluir su visita oficial al país en mayo de 2014, el actual Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, confirmó que la tortura sigue siendo generalizada, practicada a todos los niveles por fuerzas civiles y militares, lo que despertó una lamentable y excesiva respuesta del Estado mexicano. Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, también identifican a México como un foco rojo en la materia y han dedicado informes a la documentación de casos y patrones de tortura en el país.
Aunque los casos de tortura se dan en contextos diversos, como la represión de la protesta social, un porcentaje muy importante de los casos registrados encajan en el patrón detención arbitraria-tortura-producción de pruebas ilícitas-proceso penal (y posible condena) a la víctima. Su frecuencia es difícil de calcular, pero el atisbo que podemos hacer a partir de casos emblemáticos y de solicitudes de acceso a la información da una idea de su descomunal dimensión.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó, en una comparecencia de su titular ante la Cámara de Diputados, que de enero al 30 de agosto de 2014 fue notificada por jueces y juezas federales de mil 395 casos de presunta tortura, lo que equivale a un promedio de al menos 174.4 casos de tortura por mes, o 2 mil 092.5 por año. Esto sería apenas una aproximación, pues se trata solamente de denuncias hechas por personas consignadas penalmente; faltaría incluir las denuncias en investigaciones del fuero común , la tortura cometida durante actos de represión, casos ocurridos por detención “en flagrancia” o bajo arraigo que no llevan a la consignación de la persona y tortura en el sistema penitenciario, así como la consabida cifra negra que provoca la ausencia de denuncia, común en casos de graves violaciones a derechos humanos dados los temores que despierta en las víctimas denunciar a servidores públicos.
La apertura de una averiguación previa por tortura difícilmente lleva a la consignación del caso ante la autoridad judicial y al acceso a la justicia. Por ejemplo, según datos dados a conocer por la PGR, entre 2006 y 2013 inició mil 319 averiguaciones previas por este delito, pero solamente consignó 12 de ellas.
Estas cifras son una muestra de la manera en que se investiga la tortura en México, donde el Protocolo de Estambul se aplica en un número muy bajo de casos, y cuando se hace, las autoridades lo emplean con frecuencia para obstaculizar la documentación de la tortura, omitiendo asentar sus huellas o haciendo interpretaciones contrarias a las directivas del mismo protocolo. Además, los peritajes independientes se descartan generalmente, o los resultados positivos se achacan a las condiciones de vida de la víctima.
La impunidad es, así, casi absoluta.
En este panorama, que parecería desolador, adquieren aún más valor las luchas de las víctimas por justicia. Ellas y ellos –como Claudia Medina, sobreviviente de tortura sexual; Ángel Amílcar, migrante torturado por militares y policías; las Mujeres de Atenco, iniciadoras de las denuncias de tortura sexual, así como decenas más- buscan la sanción de la tortura, pero sobre todo, que nadie más tenga que padecer el horror que vivieron.
Claudia estará esta semana dando testimonio de la tortura, del logro de su libertad y de su lucha contra la impunidad en actividades organizadas por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad; Ángel Amílcar está de nueva cuenta en México para seguir en la pelea por que el Estado, en su reparación del daño, garantice medidas de no repetición que beneficien a los centenares de personas migrantes que pasan por su misma condición, en actividades convocadas por Amnistía Internacional.
Los dignos empeños de Claudia y Ángel muestra cómo las y los sobrevivientes se vuelven baluartes en la lucha por la defensa de los derechos humanos; de víctimas, transitan a ser defensores y defensoras con una voz propia e insustituible. Por eso, este 26 de junio, en el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de Tortura, es fundamental replicar y amplificar la exigencia de justicia de las y los sobrevivientes.