* Aumentó las deportaciones y agresiones contra migrantes y sus defensores, señala.
Ciudad de México, 11 de junio de 2015. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las agresiones y el endurecimiento de acciones contra personas migrantes y sus defensores en México, derivados del Plan Frontera Sur.
En un boletín de prensa emitido ayer, el organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señaló que tiene conocimiento de que a partir del inicio del Plan, en julio del año anterior, las autoridades endurecieron sus acciones contra migrantes y sus defensores e incrementaron las medidas de seguridad en la frontera sur del país -como la creación de una Gendarmería con 5 mil agentes militarizados en Tapachula, Chiapas, el aumento de redadas y la colocación de nuevos puestos de control fronterizo.
Como resultado de las acciones de las autoridades, abundó la Comisión, aumentó el número de detenciones y deportaciones. Detalló que según datos recabados por el propio Instituto Nacional de Migración (INM), en 2013 fueron detenidas 86 mil 929 personas migrantes, y en 2014 fueron 127 mil 149, lo que representa un aumento de 46%. Aún más: mientras que entre enero y febrero de 2014, el Instituto detuvo a 14 mil 612 personas migrantes, para el mismo período del 2015 lo hizo con 28 mil 862, un aumento de cerca del 98%.
Otro rubro de preocupación para la CIDH son las agresiones y actos intimidatorios contra migrantes y sus defensores; destacó especialmente el caso de las personas que trabajan en “La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes”, beneficiarias de la Medida Cautelar 273/11, otorgada por la propia Comisión desde el 19 de abril de 2013. Apenas el 4 de mayo del presente año, La 72 denunció que en la noche del 1 de mayo, elementos del Instituto Nacional de Migración, apoyados por la Policía Federal y un vehículo del Grupo Beta, llevaron a cabo una redada violenta en las vías del tren de Tenosique, Tabasco, para detener a al menos cien personas migrantes, entre las que se encontraban varias familias, mujeres, niños y una adolescente de 12 años. Las autoridades, además de intimidar al personal de la casa-refugio que documentó los hechos, acusó a los activistas de «incitar» a las y los migrantes a usar el tren «La Bestia».
La Comisión reiteró que es obligación del Estado mexicano adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar de forma inmediata y urgente el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los migrantes en tránsito, así como de sus defensores y defensoras de derechos humanos. «Tal como lo hiciera en su informe Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México, la CIDH destaca y valora el trabajo desempeñado por los defensores de derechos humanos y reitera al Estado mexicano la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para defensores de personas migrantes, de manera especial en este caso», insistió.
La CIDH urgió al Estado a aplicar los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza en los operativos de control migratorio; a que investigue de oficio este tipo de hechos; que sancione a los agentes responsables de violaciones de derechos humanos; y que repare a las víctimas de estas violaciones. La Comisión recalcó que la detención migratoria debe ser una excepcionalidad y recordó que esta prohibida la detención de niños y niñas migrantes. «Nuevamente reitera la recomendación hecha al Estado mexicano sobre la necesidad de implementar medidas alternativas a la detención migratoria. En materia de procedimientos migratorios tendientes a la deportación, la Comisión reafirma el requerimiento del Estado de observar garantías del debido proceso y de garantizar el derecho a buscar y recibir asilo, la protección del principio de no devolución (non-refoulement) y la prohibición absoluta de las expulsiones colectivas», finalizó.