* MPG y vecinos esperaban a los ocho profesores detenidos para liberar a los policías federales.
Ciudad de México, 09 de junio de 2015. Aunque había una negociación en curso para que vecinos de Tlapa, Guerrero, liberaran a los 35 policías federales que intercambiarían por los ocho profesores detenidos, el gobierno estatal rompió la comunicación y se desató el operativo que culminó con la ejecución del joven Antonio Vivar Díaz, denunciaron profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien exigió que se investigue y castigue a los elementos que participaron en la agresión.
El 7 de julio, elementos de la Policía Federal (PF) allanaron arbitrariamente las oficinas de la CETEG y un domicilio y detuvieron sin orden de aprehensión a seis profesores y dos mujeres. Posteriormente, al menos 35 elementos de la Policía Federal ingresaron nuevamente a bordo de tres patrullas a la colonia Tepeyac con el fin de catear las instalaciones de la CETEG y llevarse dos camionetas. «Al ser testigos de la arbitrariedad de los hechos, diversos vecinos y vecinas de la colonia aledaña, salieron a las calles y comenzaron a reclamar a los policías sus actos. El altercado escaló y ante la indignante imagen de la detención arbitraria y el cateo de las oficinas de la CETEG, los pobladores de la colonia impidieron la salida al grupo de 35 Policías Federales y advirtieron que no los dejarían ir, hasta que fueran liberados los detenidos y detenidas arbitrariamente, quienes estaban siendo trasladados por vía aérea a la Ciudad de México en un helicóptero de la Marina», relató Tlachinollan en una Acción Urgente emitida el día de los hechos.
Como respuesta, la PF desplegó un aparatoso operativo en el que cientos de elementos mantuvieron asediada a la población. A partir de la mediación de Tlachinollan, la CETEG alcanzó un acuerdo con las autoridades federales con el cual los detenidos y detenidas serían trasladados a Tlapa de nueva cuenta y que los policías serían liberados una vez que el grupo de detenidos fueran entregados en la ciudad; acordaron además que el despliegue de las fuerzas de la Policía Federal que se llevaba a cabo en distintas Colonias aledañas de Tlapa retrocediera. Los policías retenidos fueron ingresados a la Capilla de la Colonia Tepeyac con el objetivo de resguardarlos, para lo cual se les solicitó que dejaran en la entrada sus toletes, escudos y cascos. Tlachinollan comprobó que se encontraban en buen estado.
Los activistas detenidos fueron trasladados vía aérea al puerto de Acapulco, y enseguida a Chilpancingo. Ahí, el gobernador los recibió y se tomó una foto con ellos, difundida por el área de Comunicación Social bajo el título de “Autoridades entregan a familiares a los ocho detenidos en los hechos de Tlapa”. En ese momento, relata Proceso, el delegado de Gobernación le dijo a Tlachinollan que pidiera a los manifestantes que dejaran libres a los federales porque los activistas ya iban en camino a Tlapa, pero los vecinos insistieron en que los 35 federales serían liberados conforme lo acordado.
El gobernador Ortega y el delegado de Gobernación exigieron que Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos, convenciera a los manifestantes de entregar en ese momento a los policías, pues de lo contrario se implementaría el operativo policiaco militar para rescatar a los federales. Las autoridades argumentaban que los pobladores querían linchar a los elementos de la PF, y Barrera los desmintió, recordando que estaban resguardados por mujeres y niños. Entonces se rompió la comunicación y comenzó el operativo.