Información Sididh, La edición de hoy, Uncategorized — junio 5, 2015 at 8:50 am

Amenazan de muerte a viudo de Bety Cariño

* Advierten ONG que se habría contratado a un grupo de sicarios para acabar con su vida.

Omar Esparza, exigencia de justicia
Omar Esparza, exigencia de justicia

Ciudad de México, 05 de junio de 2015. Como parte de una serie de amenazas y hostigamiento contra personas cercanas a la asesinada activista Bety Cariño, así como contra testigos de su homicidio, el viudo de la defensora de derechos humanos fue informado de que un grupo de asesinos a sueldo recibió el encargo de matarlo; unos días después, su casa sufrió un intento de allanamiento, informa una Acción Urgente de Amnistía Internacional (AI).

El 27 de abril de 2010, hombres pertenecientes a un grupo armado -vinculado, según informes, a las autoridades estatales y municipales- mataron a tiros a la defensora de los derechos humanos Bety Cariño Trujillo y al observador de derechos humanos finlandés Jyri Antero Jaakkola. Los dos activistas formaban parte de un convoy humanitario que trataba de llegar hasta la sitiada comunidad triqui de San Juan Copala. «Todos los demás miembros del convoy –unas 25 personas– sobrevivieron al ataque, pero algunos sufrieron heridas de bala y fueron capturados e interrogados por los asaltantes durante aproximadamente una hora antes de ser liberados. Algunos miembros del convoy huyeron de la región a pie, mientras que otros se vieron obligados a esconderse del grupo armado antes de ser rescatados», recuerda la organización de derechos humanos.

En septiembre de 2012, un juez local dictó órdenes de detención contra 14 personas presuntamente implicadas en el homicidio de Cariño y Jaakkola. De acuerdo con la Acción Urgente, dos de esas personas han sido detenidas y una ha muerto, mientras que las otras 10 permanecen en libertad. «Las autoridades federales y estatales han prometido repetidamente medidas de protección efectiva a testigos y supervivientes del ataque, pero hasta el momento la aplicación de esas medidas ha sido escasa e inadecuada», lamenta Amnistía Internacional.

Las recientes amenazas de muerte contra Esparza suponen un nuevo episodio en la sucesión de actos intimidatorios que ha sufrido. Además, otras personas también han recibido hostigamientos. Dos mujeres de la comunidad triqui, testigos oculares del homicidio, recibieron amenazas después de una de las detenciones. Además, unas semanas después que se detuviera al segundo sospechoso, en marzo de 2015, una persona emparentada con el detenido llamó a Omar Esparza para exigirle que se retractase de sus declaraciones públicas contra él.

El 17 de mayo, Omar Esparza obtuvo información de una fuente fidedigna, según la cual un grupo armado de asesinos a sueldo habría recibido el encargo de matarlo. Posteriormente, varias fuentes corroboraron la información y confirmaron los detalles. «Las amenazas contra Omar Esparza parecen estar relacionadas con su petición de que se haga justicia por el homicidio de su ex esposa, Bety Cariño. En la madrugada del 1 de junio, varias personas no identificadas intentaron entrar en la casa en la que residen los hijos de Omar junto con varias personas de su familia», detalla AI.

Bety Cariño era la directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS) en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. Había hecho campaña en favor de la verdad y la justicia por el homicidio de dos locutoras de radio comunitarias, Felícitas Martínez y Teresa Bautista, cometido en San Juan Copala en 2008. Jyri Jaakkola era miembro de la organización finlandesa Uusi Tuuli (Nuevos Vientos), y había hecho campaña sobre el cambio climático, el comercio justo y la seguridad alimentaria, tanto en Finlandia como fuera de ella.

«Las organizaciones locales de derechos humanos han acusado al gobierno que ocupó el poder del estado entre los años 2004 y 2010 de explotar las divisiones entre las comunidades y de permitir la actuación de grupos armados con impunidad. Se cree que las autoridades estatales y municipales han financiado, tolerado o incluso apoyado a algunos de estos grupos. El Estado de derecho está en gran medida ausente en la región, y prácticamente nadie ha comparecido ante la justicia por ninguno de los delitos cometidos, lo cual ha dejado a gran parte de la población expuesta a ataques y sometida al control de los grupos armados», finaliza AI .