* Presa desde hace seis años, Lorena González padece toda clase de violaciones a su debido proceso.
Ciudad de México, 02 de junio de 2015. Fabricación de pruebas, testigos falsos, abusos de autoridad, negativa a admitir pruebas a su favor y delitos contra la administración de la justicia son algunas de las violaciones al debido proceso que ha enfrentado Lorena González Hernández, acusada por el secuestro del menor Fernando Martí, caso que fue retomado como prioridad “de Estado” por el entonces jefe de gobierno Marcelo Ebrard y su procurador de justicia, Miguel Ángel Mancera, denunciaron organizaciones de derechos humanos.
Las organizaciones resaltaron que el funcionario que encabezaba la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) cuando se llevaron a cabo las investigaciones y acusaciones del secuestro y homicidio del niño Fernando Martí Haik, es el actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa “lo que ha incidido en las graves omisiones y violaciones que han cometido tanto la PGJDF como el propio TSJDF, pues éste ha coadyuvado para mantener la ilegal y arbitraria detención de Lorena González Hernández, a quien hoy se le siguen dos procesos penales ante este mismo juzgado”.
Lorena González Hernández se encuentra detenida y privada de su libertad en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla desde el 5 de septiembre de 2008, acusada de participar en el secuestro y homicidio del menor Fernando Martí Haik, hijo del reconocido empresario Alejandro Martí, así como de otros plagios y homicidios en los que si bien no hay ninguna imputación por parte de persona alguna, se le responsabiliza por su supuesta pertenencia a la empresa criminal “La Banda de la Flor”.
“La conmoción social que implicó el secuestro y posterior asesinato del menor, devino en una presión política y mediática hacia el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubon, quien se comprometió públicamente a resolver el caso y ordenó a Miguel Ángel Mancera —nombrado titular de la PGJDF el 9 de julio de 2008-, hacer del caso una prioridad, una razón de Estado y detener a los responsables, a cualquier precio. Es así que la PGJDF, se dio a la tarea de detener a diversas personas a fin de acusarlas y procesarlas por lo relativo al caso entre otros delitos e identificándolas mediáticamente como pertenecientes a ‘La Banda de la Flor’”, ponderaron en una carta pública.
Las organizaciones civiles, entre ellas Asociadas por lo Justo, Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Centro de Derechos Humanos de las Mujeres recordaron que desde la detención de Lorena, su defensa y organismos defensores de derechos humanos han documentado diversas violaciones al debido proceso legal y detectado la alteración de evidencias y hechos a fin de incriminarla ilegalmente. Todo esto ha sido documentado y allegado a diversas instancias nacionales e internacionales, como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); Amnistía Internacional; el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, entre otras.
“De acuerdo al expediente legal, no había ninguna orden de arresto o detención librada contra Lorena González Hernández al momento en que fue obligada –por parte de agentes de la entonces Policía Judicial- a presentarse ante el Ministerio Público del Distrito Federal. De igual forma, el único testigo que la indicia e imputa tiene problemas visuales que pondrían en duda la veracidad de su señalamiento acusatorio; asimismo, no fue el testigo quien aportó las características físicas mínimas de la persona a la que se refirió como partícipe, sino que fue la autoridad investigadora la que le mostró la foto a fin de inducirlo a incriminar a Lorena; además de que la fotografía que le fue mostrada al testigo y que se encuentra en el expediente judicial, era del año 2004, es decir, cuatro años antes de ocurridos los hechos; apreciándose a Lorena con el cabello ondulado, corto y teñido de negro, y no como la describió posteriormente el testigo acusador”, detallaron las organizaciones en una carta pública dirigida al Juez Trigésimo Segundo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Jesús Ubando López.
Las organizaciones acusaron que Lorena González Hernández fue literalmente exhibida como la segunda persona en importancia dentro de la empresa delictiva “a fin de generar animadversión y una condena social previa que hasta hoy la sigue estigmatizando, no obstante que todavía no había sido legalmente identificada a través de la confronta por el testigo sobreviviente”.
Otra de las irregularidades es que a nivel federal se encuentra procesada, acusada y confesa María Elena Ontiveros Mendoza como la persona que realmente participó en el secuestro del niño Fernando Martí Haik. Así, ambas mujeres están siendo juzgadas por hacer exactamente lo mismo y como si fueran una sola persona; “sin embargo, contrario a la situación de Lorena, existen medios de prueba que acreditan la responsabilidad penal de María Elena Ontiveros Mendoza”, indicaron las defensoras de derechos humanos.
Las firmantes de la carta también destacaron que a Lorena se le ha negado la posibilidad de aportar medios de prueba “de suma importancia y especial trascendencia para conocer la verdad histórica y legal, así como para demostrar su inocencia, tal y como ocurre con la negativa a recabar las pruebas de cargo que se han ofrecido y desahogado en el proceso penal que se sigue por los mismos hechos en contra de María Elena Ontiveros Mendoza”.
Las organizaciones exhortaron al juez a cesar el bloqueo institucional en la investigación sobre el caso de Lorena González Hernández, y a recibir y analizar las pruebas ofrecidas por la defensa de Lorena a fin de garantizar el derecho humano a la verdad y el acceso a la justicia. También exigieron que cese el hostigamiento contra el abogado de la defensa, Rodrigo Higuera Zogaib, “quien ha tenido que recurrir al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación”, y exhortaron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a emitir la recomendación a partir de la investigación que inició en octubre del 2010. Finalmente, “exhortamos al Juzgado Trigésimo Segundo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que la sentencia que emita sobre el caso de Lorena González Hernández, se apegue a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.